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La Contraloría General de la República identificó que 28 entidades públicas de la región Tumbes incumplieron -al 31 de julio del presente año- el pago de aportes previsionales a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y mantienen una deuda ascendente a S/127.426,763 en perjuicio de sus trabajadores y extrabajadores.
En los 28 informes de acción de oficio posterior elaborados por la Contraloría para cada entidad se advierten presuntas irregularidades cometidas por la Dirección Regional de Educación de Tumbes (Dret), que adeuda S/ 54.134,396, y el Hospital José Alfredo Mendoza Olavarría (JAMO) II-2 con S/ 48.492,081. Ambas deudas son las más altas de este listado.
MÁS ENTIDADES
Le sigue la Dirección Regional de Agricultura (S/ 3 991 770), Empresa Estatal de Servicios de Saneamiento Tumbes - EMFAPATUMBES (S/ 3 762 581), Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes (S/ 3 267 692), UGEL de Tumbes (S/ 2 606 958), Gobierno Regional (S/ 2 226 736), Universidad Nacional de Tumbes (S/ 1 316 554), la UGEL de Contralmirante Villar (S/ 1 061 542) y la Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar (S/ 1 021 312).
También se encuentran la Municipalidad Provincial de Tumbes (S/ 957 017), Municipalidad Distrital de Papayal (S/905 212), Municipalidad Provincial de Zarumilla (S/894 923), Sociedad de Beneficencia Pública (S/ 637 159), Empresa Municipal Urbanizadora y Constructora S.A (S/ 523 818), Municipalidad Distrital de Aguas Verdes (S/410 131), Diresa de Tumbes (S/ 337 961) y la Empresa Municipal Inmobiliaria de Tumbes S.A. Emisa S.A. (S/ 326 531).
Otras diez entidades (UGEL de Zarumilla, Municipalidad Distrital de San Jacinto, Municipalidad Distrital de Canoas de Punta Sal, Municipalidad Distrital de Casitas, Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, Municipalidad Distrital de Corrales, Municipalidad Distrital De La Cruz, Municipalidad Distrital de San Juan de la Virgen, Municipalidad Distrital de Pampas de Hospital y Municipalidad Distrital de Matapalo), suman deudas por S/ 552 380.
La Contraloría determinó que a pesar del descuento del 10% realizado periódicamente a las remuneraciones de los empleados por parte de las entidades en las cuales laboran, no se han incorporado las prestaciones previsionales u otros beneficios que les corresponden a sus respectivas Cuentas Individuales de Capitalización (CIC).
El incumplimiento en el pago de los aportes previsionales impide que el afiliado tenga asegurado su bienestar y el de su familia en caso de invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio, en caso de fallecer. Además, podría haber visto afectado el retiro de hasta el 100% de su fondo acumulado durante la pandemia para aliviar su economía familiar por los efectos negativos generados por la inmovilización social.
Ello conllevaría a que las instituciones afronten posibles procesos judiciales, y sean pasibles de sanción pecuniaria por las entidades fiscalizadoras, en perjuicio de los fondos públicos.
REPRO AFP II
La Contraloría también evidenció que del total de entidades, 24 tuvieron la oportunidad de acogerse al régimen de reprogramación de pago de aportes previsionales a las AFP (REPRO AFP II), establecido mediante Decreto de Urgencia N°030-2019, que regula facilidades para que estas cumplan con los pagos de dichos aportes previsionales adeudados, sin embargo, no lo hicieron.
Al no haberse acogido a la REPRO AFP II, las entidades persistieron en el incumplimiento de sus obligaciones de pago de deuda previsional, y se privaron de acceder a los beneficios, como, la extinción de multas, recargos e intereses que tenía la deuda antes de ser acogida y la suspensión de los procedimientos de cobranza judicial, además de poder realizar el pago a partir del 2021, la cual podía ser fraccionada hasta un máximo de diez años.
