Confirman perjuicio cercano a los S/ 200 mil en municipalidad de Papayal

Un perjuicio económico de S/ 191,050 en la Municipalidad Distrital de Papayal, de la provincia de Zarumilla, es el que ha revelado la Contraloría General de la República.

Esto se debe a irregularidades detectadas en el procedimiento de selección y conformidad al servicio de renovación de un cargador frontal efectuado en el 2018, durante la gestión del exalcalde Edwin Rivas García.

Además, se identificaron presuntas responsabilidades administrativas y penales en 7 exfuncionarios y el supervisor del servicio.

Los involucrados son Franco Sánchez Espinoza, Víctor Alva Campaña, Justo Oliva Dioses, Ánthony Garrido Tong, Juan Peña Huamaní, Carlos Noriega Cerdán, Maritza Montero Quevedo y Julio Díaz Loayza (los tres últimos solo con responsabilidad administrativa).

DOCUMENTO

En el marco del Megaoperativo de Control Regional, la Contraloría emitió el informe N° 9927-2020-CG/GRTB-SCE.

Se evidenció que, al determinar el valor referencial del servicio para el procedimiento de selección, se empleó información inexacta de un proveedor y también se consideró la cotización de otro proveedor cuya actividad económica no se relacionaba directamente con el objeto de la contratación.

Durante la convocatoria, se presentó un solo postor que luego fue declarado como ganador, aunque no acreditó cumplir con el requisito obligatorio de contar con un taller especializado.

Asimismo, no sustentó la experiencia requerida, ya que presentó órdenes de servicio realizados al Gobierno Regional de Tumbes que tenían diferentes conceptos de actividad, monto y nombre de proveedor. Es decir, la información alcanzada fue inexacta.

grave. Respecto a la ejecución del servicio, se entregaron piezas diferentes a las requeridas y no se acreditó la realización de las pruebas con el cargador frontal para asegurar su correcto funcionamiento, como lo establecía el expediente técnico. Además, no se entregaron los certificados de garantía comercial de los repuestos y del servicio.

A pesar de ello, la municipalidad otorgó la conformidad de servicio y realizó el pago de S/ 191,050, que constituye un perjuicio económico al Estado, ya que tres días después, durante la transferencia de gestión municipal, la administración entrante estableció en acta que el cargador frontal presentaba fallas. La comisión auditora comprobó también que la maquinaria continúa inoperativa a la fecha.

Las responsabilidades recaen en el exjefe de Desarrollo Urbano e Infraestructura, exjefe de la Unidad de Abastecimiento, un miembro titular y el presidente suplente del Comité de Selección, el exjefe de la Unidad de Asesoría Jurídica, el exjefe de Unidad de Tesorería, el exasistente administrativo de la Unidad de Abastecimiento y el supervisor del servicio.