Tumbes: Dejan libre a investigado por presunta corrupción

Debido a que la Sala de Apelaciones revocó la ampliación de la prisión preventiva contra Carlos Fernando Herrera Guevara por el caso emblemático de corrupción de los “servicios fantasmas” en la Dirección Regional de Educación de Tumbes (DRET), el Juzgado Anticorrupción dispuso el último viernes la inmediata liberación del procesado.

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Carlos Herrera estuvo internado en el penal de Puerto Pizarro desde diciembre del 2020, cumpliendo una orden de prisión preventiva, la misma que el 28 de septiembre de este año fue ampliada por dos meses más por el Juzgado Anticorrupción que despacha el magistrado Jaime Igor Elías Lequernaque.

Esta decisión fue en consideración a que el caso ya había pasado a juicio oral, en un proceso en el que la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios ha solicitado 8 años de cárcel y S/ 300,000 de reparación civil como parte de la pretensión de la pena para todos los involucrados.

Sin embargo, la decisión fue revisada por la Sala Penal de Apelaciones, órgano jurisdiccional que por unanimidad ordenó que la ampliación de la medida coercitiva quedara sin efecto.

Comparecencia

Si bien se ordenó la libertad de Carlos Herrera, se le impuso comparecencia con restricciones, bajo reglas de conductas. Entre estas medidas que deberá cumplir figura que el procesado deberá pagar una caución económica de S/ 20,000, en un plazo de cinco días.

Además, cada 30 días deberá acudir hasta la sede de la Corte Superior de Justicia, para registrarse en el control biométrico, también deberá concurrir al Juzgado o Fiscalía cada vez que sea requerido y no podrá ausentarse de la ciudad de Tumbes, previa consulta al Juzgado.

Caso

Según la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Carlos Herrera era el encargado de recepcionar los montos económicos que jóvenes proveedores, captados por la aparente organización delictiva, retiraban del banco por servicios no realizados en la DRET.

Este accionar venía sucediendo de modo sistemático y generó un desfalco de S/ 300,000, aproximadamente.

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Los supuestos servicios debían ejecutarse en los institutos tecnológicos y pedagógico de este departamento fronterizo; sin embargo, nunca se realizaron.

En este caso se encuentran involucrados los exfuncionarios Johnny Lindao Feria, Manuel Elías Vásquez Acosta, Wilfredo Chávez Criollo, Javier Girón Ramos y Ritter Adolfo Moscol Zapata, y como cómplices del delito de peculado Rosa Ysabel Arica Saavedra, Carlos Fernando Herrera Guevara, César Irwin Rojas Guevara, Riqui Ánthony Carrillo Balladares y Eliana María Crespo Romero.

En esta lista hay varios que se encuentran como prófugos de la justicia, entre ellos el exadministrador de la DRET, Lindao Feria.