Tumbes: Drat vendió ilegalmente tierras a su asesor legal

Casi diez hectáreas de terreno eriazo fueron vendidas de manera irregular por la Dirección Regional de Agricultura de Tumbes (Drat) al abogado de saneamiento legal de la Propiedad Rural de este pliego.

Esto, según un informe especial de la Contraloría General de la República al que Correo tuvo acceso.

colusión. Marcos Visitación Quintana fue contratado como abogado responsable del área de saneamiento legal por Gerardo García Galecio, cuando este era titular de esta dirección.

Su contrato se extendió desde el 01 de setiembre del 2011 al 31 de diciembre del 2013, periodo de gobierno de Gerardo Viñas Dioses en Tumbes.

El área de saneamiento legal de la Propiedad Rural, es el órgano encargada - entre otros- de otorgar terrenos eriazos para la pequeña agricultura de acuerdo al Decreto Supremo N°026-2003-AG.

Sin embargo, el 25 de mayo del 2010, Visitación Quintana solicitó a la Dirección de Agricultura que se le otorgue en venta directa 9.8422 hectáreas de terreno eriazo ubicado en el sector de “Vaquería”, en San Jacinto.

Curiosamente, la adjudicación se concretó el 04 de marzo del 2013, periodo en que aún desempeñaba funciones en la Drat.

Con esto, según el informe de control, se vulneró la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, que prohíbe a todo funcionario o servidor público adquirir derechos o bienes de la entidad pública a la que pertenece.

venta. Para obtener estas tierras, Visitación Quintana emitió el informe N°001-2011 comunicando al director de Saneamiento de la Propiedad Rural Carlos Manuel Cedillo Córdova, dé su inhibición al conocimiento del expediente de adjudicación de las tierras.

Para la Contraloría, dicho documento de inhibición es inválido en vista de que su participación en el expediente de adjudicación es evidente.

Sumado a ello, se advierte que Marcos Visitación y otros funcionarios simularon el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto Supremo 026 que posibilita la venta directa de terrenos eriazos.

Asimismo, para lograr dicho propósito Visitación Quintana, pese a estar impedido de adquirir bienes del Estado, gestionó ante la Sunarp en Piura un nuevo certificado de búsqueda catastral con el objeto de proseguir con el trámite para que le cedan 9.8422 hectáreas de tierra.

El 02 de enero presentó dicho certificado a la Drat y sorprendentemente fue él mismo quien lo recibió y le dio trámite favorable a su cometido.

Vale resaltar que posteriormente ingresó a la dirección José Serafín Espinoza López, pero lejos de actuar con probidad y anular dicho proceso, junto con Visitación Quintana continúan con la adjudicación de estas tierras.

ILEGAL. Así también, el titular de esta dirección, Serafín Espinoza, dispuso otorgar este contrato de venta sin el dictamen legal exigido de manera imperativa por el cuerpo normativo. Esta venta sólo tuvo la venia de Manuel Cedillo Córdova, ingeniero responsable de Saneamiento Físico.

PRECIOS. Marcos Visitación adquirió las casi 10 hectáreas a mil 553.10 soles. Es decir pagó S/157.80 soles por cada hectárea.

Este precio fue determinado nada menos que por el ingeniero agrónomo Carlos Manuel Cedillo Córdova, responsable de Saneamiento Físico, según consta en el informe técnico N°44-2013 del 27 de febrero del 2013.

Fue Serafín Espinoza López como director de Agricultura, quien el 4 de marzo del 2013 emite la resolución directoral disponiendo el otorgamiento de contrato de compraventa de terreno eriazo. Además establece el monto de valorización a un precio de arancel de s/.1,553.10 soles. Este monto sin embargo no fue el que correspondía, sino el de S/. 27,417.21. Luego pagó lo restante, aunque según Contraloría ello no está acreditado en el expediente.

Resulta relevante que el mismo día que se emitió la resolución de adjudicación de las hectáreas, se suscribió el contrato y también se realizó el pago de, sin contemplar el plazo de quince días hábiles que la Ley N°27444 de Procedimiento Administrativo establece que se pueda interponer algún recurso administrativo, de reconsideración, revisión o de apelación.

En tal sentido, ni Asesoría Legal y menos la Procuraduría del Gobierno Regional de Tumbes, o el consejo regional, se pronunciaron sobre el tema.

Cabe señalar que Marleny Millan Acero, cónyuge de Visitación Quintana, también fue parte del contrato.