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En una inspección realizada por la Defensoría del Pueblo de Tumbes, encontró una serie de vulneraciones a los derechos laborales de 37 vigilantes de las distintas sedes del Ministerio Público de la región.
A los hombres de seguridad se les adeuda tres meses de servicios y en cinco casos no se les había cancelado sus haberes desde agosto del presente año.
La administradora del Ministerio Público, Rosario Tandazo Rosado, aseguró que desde hoy se empezó con el pago respectivo.
El jefe de la Defensoría Abel Chiroque Becerra, indicó que existe una grave afectación a los derechos laborales debido a que los vigilantes son contratos por terceros mientras que trabajan de 7:00 de la mañana a 7:00 de la noche, sin tener ningún beneficio laboral.
