Amnistía Internacional criticó hoy las dos ejecuciones llevadas a cabo en Japón, un país donde la pena capital se aplica “sin garantías legales” y en el que los derechos humanos “han sufrido un retroceso importante” en los últimos años, según la ONG.

La organización internacional reaccionó así al ahorcamiento hoy de dos reos, que elevan a once el número de veces que se ha aplicado la pena de muerte desde que llegó al Gobierno el Partido Liberal Demócrata (PLD) a finales de 2012.

“Es espeluznante que el Gobierno continúe enviando a personas al patíbulo pese a las serias dudas que existen sobre el uso de la pena de muerte en el país”, afirmó en un comunicado la responsable de Amnistía Internacional para el Este de Asia, Hiroka Shoji.

La ONG denunció la “falta de garantías legales adecuadas” en Japón, y en particular señaló que no se facilite asistencia jurídica a los detenidos, la inexistencia de recursos obligatorios en las sentencias de pena capital y las detenciones prolongadas y con aislamiento de los reclusos.

Además, “varios presos que padecían enfermedades mentales han sido ejecutados o permanecen en el corredor de la muerte”, señaló Amnistía.

Asimismo, recordó el caso de Iwao Hakamada, un reo liberado en marzo tras más de 40 años en el corredor de la muerte después de que un tribunal nipón confirmara la existencia de irregularidades en su juicio.

Estos casos demuestran que los derechos humanos “han sufrido una serie de retrocesos importantes” desde que llegó al poder el Gobierno liderado por Shinzo Abe, según Amnistía Internacional.

Los ejecutados hoy fueron Mitushiro Kobayashi, de 56 años, ahorcado en Sendai (suroeste) por incendiar una oficina de préstamo y matar a cinco personas, y Tsutomu Takamizawa, de 59 años, jefe de un grupo “yakuza” ajusticiado en Tokio por el asesinato de tres personas.