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El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva cumplirá la condena de 12 años y un mes que se le dictó, luego de que el Supremo Tribunal Federal (STF), conformado por 11 magistrados, decidió rechazar el habeas corpus que presentó
La votación concluyó en 6 en contra del recurso presentado por el exmandatario y 5 a favor. El escenario se encontraba en 5 a 5, pero el voto dirimente de la presidenta de la Corte, Carmen Lucia, inclinó la balanza al rechazo del habeas corpus.
(Nota original)
El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva se encuentra hoy frente a una encrucijada judicial, en la que la Corte Suprema decidirá si va a prisión tras ser condenado a más de 12 años de prisión por corrupción o si tendrá derecho a apelar a ese fallo en libertad.
Los once magistrados del Supremo analizarán un habeas corpus presentado por la defensa del exmandatario izquierdista.
La corte en Brasilia fue aislada del público y la policía montó un vallado para separar a los manifestantes de ambos bandos a lo largo de la Explanada de los Ministerios, que desemboca en la plaza de los Tres Poderes donde se halla el Supremo Tribunal Federal (STF).
El debate es transmitido en directo por televisión y debe extenderse durante varias horas.
Lula, de 72 años, fue condenado en enero por un tribunal de apelación a 12 años y un mes de cárcel por recibir un apartamento de lujo de una constructora involucrada en el escándalo de sobornos de Petrobras; pero presentó un recurso ante el STF para evitar su encarcelamiento antes de agotar todas las instancias judiciales.
Si su recurso (un habeas corpus) es aceptado, podrá seguir en precampaña y apostar a un largo proceso en los tribunales superiores. De lo contrario, podría ser arrestado en breve.
El debate sobre la jurisprudencia que permite encarcelar a condenados en segunda instancia desató los profundos antagonismos políticos en la mayor economía latinoamericana y enrareció el clima de precampaña de las elecciones generales de octubre, que se anuncian como las más inciertas desde la restauración de la democracia en 1985.
La última discusión del STF sobre la llamada ejecución provisoria de la pena terminó con un ajustado 6 a 5 a favor de la interpretación vigente.
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