Chile enfrenta una crisis sin precedentes por incendios forestales masivos en la zona sur, dejando un saldo trágico de al menos 16 fallecidos y más de 50.000 personas evacuadas en las regiones de Biobío y Ñuble.​

Las llamas se iniciaron el sábado durante el verano austral, propagándose con velocidad letal desde comunas rurales como Quillón, Ránquil, Pinto, Coihueco, Penco, Tomé y Bulnes debido a una combinación mortal de sequía prolongada, temperaturas extremas y ráfagas huracanadas. En menos de 24 horas, las llamas devoraron más de 8.000 hectáreas y arrasaron 253 viviendas, especialmente en los sectores de El Pino, Lirquén y la provincia de Concepción.​

Respuesta del Gobierno

Ante la crisis, el presidente Gabriel Boric activó el estado de catástrofe durante la madrugada dominical, otorgando control a las Fuerzas Armadas y desplegando 3.000 bomberos junto a brigadas de CONAF y el Ejército para contener 24 focos activos. Se impuso toque de queda para priorizar labores de extinción y prevenir saqueos, aunque el gobernador Sergio Giacaman cuestionó la tardanza en firmar el decreto, comparándolo con la magnitud del terremoto de 2010. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y Luis Cordero de Seguridad Pública confirmaron desde Senapred el fallecimiento de 15 personas en Biobío y una en Ñuble evitando revelar ubicaciones precisas por prudencia operativa.​

Por otra parte, cinco heridos graves fueron trasladados desde el Hospital Penco-Lirquén al centro regional de Concepción, mientras municipios habilitaron albergues temporales para miles de damnificados sin reporte de víctimas fatales adicionales hasta el momento. El director de CONAF, Rodrigo Illesca, atribuyó la mayoría de focos a negligencia humana como la recurrente quema ilegal de basura o chispas de herramientas, impulsando su campaña “Los incendios forestales tienen nombre y apellido” para concienciar durante esta temporada crítica.​

Apoyo internacional

Desde Washington, el embajador estadounidense Brandon Judd anunció asistencia autorizada por Donald Trump para salvaguardar vidas, comunidades y ecosistemas afectados. Las autoridades priorizan ahora determinar orígenes exactos, rehabilitar infraestructura y garantizar servicios básicos en un escenario climático que exige respuestas coordinadas más allá de las fronteras regionales.