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El Gobierno de Austria anunció hoy que el confinamiento de los no vacunados contra el COVID-19, en vigor desde mediados de noviembre, concluirá el próximo lunes debido a la caída en la presión hospitalaria.
El fin de esta medida, que junto con la vacunación obligatoria que comenzará en febrero generó grandes protestas, ha sido anunciada por el canciller federal, el conservador Karl Nehammer, y el ministro de Sanidad, el ecologista Wolfgang Mückstein.
Nehammer reconoció que ese confinamiento produjo malestar ciudadano, pero “resultaba inevitable por razones de política sanitaria”.
El Gobierno siguió las recomendaciones de un grupo de expertos que consideró que el confinamiento ya no es necesario debido a la caída de las ocupaciones de las camas UCI.
El anunció se hizo cuando Austria marcó un nuevo máximo de contagios, con más de 30.000, aunque Mückstein vaticinó que el pico de la nueva ola causada por la variante ómicron -más contagiosa pero menos agresiva- se alcanzará en unas dos semanas.
El confinamiento supone que los ciudadanos no vacunados solo podían salir de sus viviendas para determinados fines, como compras de primera necesidad, ir al médico, ayudar a terceras personas o pasear y hacer ejercicio al aire libre.
La medida, en cualquier caso, no era controlada con excesivo celo por la policía, que suele limitar los controles sobre el estado de vacunación a grandes concentraciones, como protestas multitudinarias.
A pesar del fin de confinamiento, se requiere un certificado covid que muestre haber sido vacunado o haber superado la enfermedad para acceder a la mayoría de los servicios, como peluquerías, así como bares y restaurantes, y tiendas no esenciales.
En los comercios el certificado covid se exige desde el 11 de enero, y en las tiendas que no cuentan con seguridad privada deben ser los propios dependientes los que controlen la documentación.
Esa situación ha llevado a que los sindicatos austríacos hayan pedido este miércoles que se elimine ese requisito debido al aumento de agresiones contra los trabajadores que deben hacer los controles de acceso.
Algunos expertos en derecho constitucional también han puesto en duda limitaciones tan amplias que impiden que los no vacunados puedan, por ejemplo, entrar a una tienda para comprarse zapatos.
El Parlamento de Austria aprobó la semana pasada una ley que obliga a los mayores de 18 años residentes en el país a vacunarse contra el COVID-19 e impone multas de hasta 3.600 euros (4.085 dólares) por ignorar la norma, que cuenta con amplio respaldo político pero que ha provocado gran polarización.
Estas medidas se han tomado para elevar la tasa de vacunación en Austria, donde el 72% de la población cuenta con la pauta completa.
Fuente: EFE
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