Denuncia penal contra el "padre Martín"

De escándalo en escándalo. Luego de que se descubriera que las supuestas actividades benéficas del ex sacerdote Martín Sánchez -a través de su albergue "Hogar de Cristo"- no tenían más que fines lucrativos, increíblemente este personaje sigue actuando con aparente impunidad, pues gracias a argucias legales prácticamente se ha apoderado de 13,500 metros cuadrados de propiedad del Estado.

Ante ello el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar -Inabif- denunciará penalmente al "padre Martín" por el delito de apropiación ilícita, señaló a Correo el director de esta institución, Hiler Maizel.

Pero ¿de qué se trata? Como es público, en julio pasado y luego de las denuncias de abuso contra los ancianos que permanecían en el "Hogar de Cristo", el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (Mimdes) decidió intervenir este centro ubicado en San Miguel.

Tras comprobarse las citadas irregularidades, dicho sector dio por concluido el convenio mediante el cual Martín Sánchez tenía a su cargo el albergue, por lo que recibía distintas donaciones. Es más, supuestamente para recaudar fondos en beneficio de sus albergados, alquilaba parte del terreno de 17,500 metros cuadrados.

RENTABLE NEGOCIO. Por increíble que parezca, tras la intervención del Mimdes, Martín Sánchez se declaró bajo la figura de ocupante precario y a través de argucias legales "expropió" 13,500 metros cuadrados del citado terreno para su uso.

Así, estas tierras, que deberían servir para atender a niños, adolescentes o adultos mayores en estado de abandono, simplemente se encuentran en poder del ex cura.

Lo que es peor, las alquila y continúa cobrando miles de dólares mensuales. Tal es el caso de una playa de estacionamiento que es arrendada al empresario importador de autos Percy Chang.

Durante un recorrido por el ahora llamado Centro de Atención Residencial Virgen del Carmen, Correo comprobó que en esta "cochera" había aproximadamente 50 vehículos nuevos.

Por el servicio de estacionamiento, Martín Sánchez cobra 1,500 dólares mensuales, según refirió el mismo empresario luego de que el Inabif le solicitara la respectiva información.

Pero eso no es todo, Sánchez también tiene bajo su administración un restaurante, una panadería, una canchita de fulbito, un gimnasio y un centro de convenciones por los que cobra miles de soles. Además de una capilla y otras zonas que no tienen uso alguno.

Como si fuera poco, cuenta con una residencia de 220 metros cuadrados ubicada frente a las oficinas de la directora del albergue, Margarita Bastidas. Allí vive junto a su madre.

Lo más escandaloso es que en el caso de la playa de estacionamiento y el gimnasio, personal del Inabif debe prestar servicio de seguridad. Es decir, incluso, hay trabajadores del Estado que laboran para el "padre Martín".

En las últimas semanas, el padre se ha mostrado desafiante con los empleados y hasta les ha señalado que las cosas van a ser diferentes con el cambio de gobierno.

ARGUCIAS LEGALES. El Inabif ha intentado a través de la vía civil que Sánchez desocupe dicha propiedad, pero gracias a argucias legales a las que ha recurrido, éste continúa actuando en forma ilícita (ver recuadro).

"No tiene derechos, está recurriendo a maniobras dilatorias para continuar en el terreno. Él debía proceder a devolver todo lo que es del Estado, pero no sólo retiene el patrimonio sino que está lucrando con esos bienes. ¿Con qué derecho, si no los tiene?", señaló Hiler Maizel.

Advirtió que se prepara la denuncia penal y que ésta podría alcanzar a las personas que están en posesión de las propiedades. Tal es el caso de Percy Chang, Jungsuck Song, Rosa Salazar, Bertha Rico y Vicente Ramírez (los últimos no han cumplido con informar al Inabif respecto de sus contratos de alquiler).

Hasta cinco años de proceso La solicitud de desalojo es un proceso que se le sigue a Martín Sánchez desde el año 2008. El 31 de julio del 2009, en primera instancia, el 40 Juzgado Civil de Lima declaró fundada dicha acción. Sin embargo, el 30 de abril del 2010, a pedido del ex sacerdote, la Tercera Civil de la Corte Superior de Lima declaró improcedente la demanda. Luego en mayo último, el caso pasó a la Corte Suprema de Justicia de Lima, que es la que definirá un recurso de casación (es decir sólo respecto a cómo se llevó el proceso). "Para este pronunciamiento se podría esperar hasta cinco años", señaló el director del Inabif, Hiler Maizel, por lo que se iniciará la acción penal. De lo contrario, Martín Sánchez continuaría actuando con total impunidad.

Las deudas de Martín La administración del ex cura dejó al Inabif una deuda de más de 60 mil soles, en lo que respecta al pago de arbitrios, energía eléctrica y agua. En este último caso, debido a que no efectuó los respectivos pagos por años, tuvo que refinanciar una deuda de 40 mil soles.

Como consecuencia, el Inabif ha tenido que asumir estas acreencias. En la actualidad, ni Sánchez ni sus arrendatarios pagan los recibos de agua, debido a que todas las instalaciones son compartidas y el Inabif debe también correr con los costos.