:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/PWWPLPMJK5DEVBPF3BXHA3VMU4.jpg)
Esta semana, miles de migrantes abarrotaron la frontera entre México y EE.UU., en un fallido intento por penetrar en suelo estadounidense. Solo en la ciudad texana de Del Río, se estableció un campamento improvisado de unos 15,000 viajeros ilegales, en su mayoría haitianos. Muchos de ellos ni siquiera partieron de Haití, sino que emprendieron el trayecto desde Chile o Brasil, países que recibieron una fuerte migración haitiana tras el terremoto de 2010. Sin embargo, las condiciones socioeconómicas en dichas naciones se han degradado a causa de la pandemia de COVID-19, lo cual obligó a los migrantes a atravesar decenas de países en busca del llamado “sueño americano”.
“He pasado mucha calamidad para venir aquí. Yo tengo una prima que se murió en el camino en Panamá porque caminó mucho, ella sufría de la presión y se murió”, contó Yvrose Nemorin, una mujer de 42 años, a la agencia de noticias AFP.
En lo que va de este año, 41 cuerpos de migrantes han sido encontrados en riberas de ríos, a lo largo del trayecto que recorren para cruzar la frontera entre Panamá y Colombia. Las causas de estas muertes han sido por ahogamiento y golpe de calor, informó la Fiscalía panameña.
El camino ha sido largo y peligroso para los migrantes haitianos, pero el sufrimiento no ha tenido la recompensa esperada. El viernes, el secretario de Seguridad Interior de EE.UU., Alejandro Mayorkas, comunicó que ya casi no quedaban personas en el campamento de Del Río. Informó que algunos indocumentados regresaron a México, otros fueron trasladados a centros de detención de migrantes a lo largo de la frontera y otros grupo fue deportado a Haití.
Las deportaciones —que se incrementaron en los últimos días— han sido calificadas de “inhumanas” por el ahora ex enviado especial del Departamento de Estado a Haití, Daniel Foote, quien dimitió el jueves.
El país caribeño vive una fuerte crisis humanitaria agravada por fenómenos naturales como el terremoto de 2010, que causó entre 200,000 y 300,000 muertes, los huracanes Matthew (2016) o el sismo de magnitud 7.2 de agosto pasado. Solo en 2020, Haití se mantuvo entre las 10 peores crisis alimentarias mundiales, con 4.1 millones de personas (alrededor del 40% de la población) en riego de hambruna. Este mes, la FAO advirtió que “se espera que unas 980,000 personas sufran inseguridad alimentaria severa entre septiembre y febrero de 2022″.
En este contexto, Foote señaló que “sumida en la pobreza”, la población haitiana “simplemente no puede soportar el flujo forzado de miles de migrantes que regresan y que carecen de comida, refugio y dinero sin provocar una nueva e inevitable tragedia humana”.
Políticas migratorias. Al drama vivido por los ciudadanos haitianos se sumó esta semana la difusión de fotografías en las que agentes fronterizos estadounidenses a caballo rodean a los migrantes con largas riendas de cuero, en una postura amenazante, para obligarlos a retroceder a suelo mexicano. Las imágenes causaron revuelo, pues recordaron el maltrato sufrido por los afroestadounidenses a manos de la Policía montada, guardias de prisiones o propietarios de esclavos. Incluso, las fotos sugerían que los migrantes eran tratados como simple ganado.
El propio presidente Joe Biden calificó el hecho de “vergonzoso”, aunque no ha prometido que vaya a flexibilizar sus políticas migratorias. Solo en agosto, se detuvo a 208,887 personas en la frontera, lo que elevó la cifra a 1.2 millones de migrantes desde que Biden asumió el cargo, según la agencia de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, por sus siglas en inglés).
El mandatario demócrata sigue además aplicando expulsiones a través del llamado Título 42. Esta norma fue establecida por la gestión de Donald Trump para controlar la migración bajo el alegato de motivos sanitarios (la pandemia de COVID-19).
El titular de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Filippo Grandi, denunció que “la orden dispuesta bajo el Título 42 ha resultado en la expulsión de cientos de miles de personas a México o a sus países de origen, impidiéndoles el acceso a los procedimientos de asilo”. En su opinión, las expulsiones sumarias derivadas de dicha normativa son “son contrarias al derecho internacional”.
