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La decisión del presidente de Bolivia, Evo Morales, de conceder un doble aguinaldo de fin de año a todos los trabajadores públicos y obligar a las empresa privadas a hacer lo mismo, adelanta en un año la campaña electoral.
El ya denominado "aguinaldazo", decretado por Morales el pasado 20 de noviembre, ha ocupado las portadas de los diarios, llenando de alegría a muchos y sembrando inquietud en otros por las consecuencias económicas de una maniobra que consideran dirigida a preparar la reelección del mandatario boliviano en octubre del 2014.
Según el Decreto Presidencial 1802, la doble paga extraordinaria de Navidad se hará cuando el crecimiento del PIB boliviano supere el 4.5%, y este año se prevé que alcance el 6.5%.
Pensionistas no. Los pensionistas, a quienes no se incluye en la medida, han puesto el grito en el cielo y reclaman su doble paga extra.
Pero ni sus protestas ni sus manifestaciones han conmovido a Morales, que no las considera parte de esa porción de la sociedad productora de riqueza a la que está dirigido el "premio".
De momento, la inflación del 4.8%, prevista para este año por el Gobierno, ya se ha sobrepasado, el Banco Central de Bolivia cree que se situará en el 7.5% y los más agoreros creen que superará el 10%.
Varias organizaciones de fabricantes han advertido que tendrán que subir los precios de sus productos para poder cubrir los costos del aguinaldo añadido.
El gremio de transporte de pasajeros ya ha anunciado el incremento de sus tarifas.
La oposición ha acusado al Movimiento Al Socialismo (MAS) de prometer a la Confederación de Obreros de Bolivia (COB) una cuota de poder que, según considera, convierte al sindicalismo en un instrumento más del gobierno de Evo Morales.
