El Vaticano se presentó hoy ante el Comité de la ONU contra la Tortura argumentando que, desde el punto de vista legal, carece de jurisdicción -y, por tanto, de responsabilidad- sobre los miembros del clero que puedan haber cometido delitos diversos, como abusos sexuales de menores.

En menos de cuatro meses, el Vaticano volvió hoy a someterse al escrutinio de un órgano de derechos humanos de las Naciones Unidas, donde la discusión se centró nuevamente -como ocurrió en el Comité sobre los Derechos del Niño a mediados de enero- en los casos de pedofilia en el seno de la iglesia.

"La Santa Sede desea reiterar que las personas que viven en un país están bajo la jurisdicción de las autoridades de ese país y sometidas a sus leyes nacionales", declaró en la comparecencia de hoy el representante permanente del Vaticano ante la ONU en Ginebra, Silvano Tomasi.

En su intervención, alegó que la Santa Sede "ha cumplido de buena fe con las obligaciones asumidas bajo la Convención contra la Tortura, integrando sus valores y principios en la legislación de la Ciudad del Vaticano".

Tomasi entró entonces en un disquisición jurídica sobre en quién recae la responsabilidad de perseguir y juzgar a quienes, en su función de representación de la iglesia católica, han cometido delitos, tales como la pederastia.

"La Santa Sede, como miembro de la comunidad internacional, está relacionada, pero es una entidad separada y distinta del territorio de la Ciudad del Vaticano, sobre la cual ejerce soberanía", sostuvo.

Agregó que son las autoridades de cada Estado las responsables de aplicar la justicia "frente a crímenes y abusos cometidos por personas bajo su jurisdicción".

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