Al menos 282 mujeres fueron asesinadas en los primeros 27 días del año en América Latina y el Caribe, según datos recogidos por observatorios sobre género y movimientos feministas de 15 países de la región. Estas cifras confirman que los casos de feminicidios y violencia no dejan de aumentar.

El colectivo Ni Una Menos Perú reportó por lo menos 14 asesinatos de mujeres desde que empezó el año hasta la echa, frente a los 10 casos que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp) registró en enero del 2018. Esta realidad es similar en casi todos los países de la región.

En lo que va del 2019, de acuerdo con datos ofrecidos por los medios, México (con 104 feminicidios) y Brasil (con 69) tienen las cifras más altas. Siguen Argentina con 20 feminicidios —contabilizando las muertes de mujeres transgénero (cuatro)—, Honduras con 16, Colombia con 11, República Dominicana con 10 y Venezuela con 8. Se dieron menos casos en Costa Rica y Paraguay (ambos con 6), Chile (5), Bolivia y Ecuador (4), Uruguay (3) y Nicaragua (2).

Marco legalEn Cuba, las organizaciones por los derechos de la mujer reclaman que el delito de feminicidio no está tipificado en el Código Penal, que no contempla cláusulas de género en casos de agresión o asesinato, mas sí establece la privación de libertad de 15 a 30 años o la pena de muerte a quien asesine a otra persona al concurrir diversas circunstancias. Además, la prensa oficial rara vez menciona el término “feminicidio”, por lo que resulta complicado dar con cifras referentes a este crimen.

Pero, a pesar de la falta de información en algunos casos, las estadísticas con las que se cuentan ya muestran números alarmantes. De acuerdo con un informe de las Naciones Unidas publicado en 2017, en México fueron asesinadas 3430 mujeres (nueve al día), pero solo 760 casos fueron investigados como feminicidio.

En Colombia, la situación es similar: la cifra de víctimas se reducen a niveles europeos cuando se registran solo aquellos casos en los que el agresor tenía un vínculo afectivo. Durante ese año, se contabilizaron 1002 asesinatos a mujeres (casi tres al día), pero solo 144 se consideraron como violencia de género por ese motivo. 

En mayo del 2018, en Perú, el feminicidio simple pasó a ser reprimido con 20 y 30 años. Con la modificatoria, en el caso de feminicidio agravado (por ejemplo, matar a una embarazada), la sanción mínima es de 30 años, y el feminicida puede recibir cadena perpetua cuando en el crimen concurran dos o más agravantes.

No obstante, las cifras del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) revelan que de los más de 650 casos oficiales, cometidos entre 2013 y setiembre del 2018, menos de la mitad alcanzó algún nivel de justicia. Solo 210 feminicidas cumplen condena con cárcel y solo un recluso tiene cadena perpetua.

Otras legislaciones Un análisis realizado por ONU Mujeres el año pasado resume la situación legislativa en los países de la región. La entidad afirma que todos los Estados de América Latina, excepto Cuba y Haití, han aprobado leyes que penalizan el feminicidio. Sin embargo, únicamente 13 cuentan con una ley integral contra la violencia. Los demás permanecen tan solo responden a los casos mediante la penalización, sin disposiciones para prevenir, proteger y brindar reparación a las víctimas. 

Las sanciones para este grave delito varían según el país. Las penas mínimas están en Paraguay y Brasil, con 10 y 12 años, respectivamente, y la máxima puede llega hasta los 40 o 60 años. En Perú, Chile y Argentina hay penas de hasta cadena perpetua; mientras que en Guatemala la justicia no admite reducción de pena ni medida sustitutiva.

Por otro lado, México, Uruguay, Brasil y Argentina contemplan en su legislación la figura de “reparación del daño”, que incluye indemnización económica y moral (atención médica y psicológica).

Efectividad La jueza peruana Elvia Barrios señala que “la estadística de los casos de feminicidio advierte que el número de mujeres muertas es mayor cada año. De ahí que la pena de cadena perpetua no cumple su función de prevención general. Su efecto disuasivo no es tal”.

Además, precisa que “si bien esta pena es parte de una estrategia general para eliminar los casos de feminicidio, lo más importante debe centrarse en la prevención, que comprende tres ejes: sensibilización comunicación y educación”.

Por su parte, la antropóloga Angélica Motta afirma que los casos de feminicidio en el último año claramente muestran que “hay más ensañamiento y sobre todo parece haber más asesinatos de mujeres en espacios públicos”.

Explica que “las condiciones de precariedad y crisis de las masculinidades se ven reflejadas en estos feminicidios, que son cometidos con mayor exacerbación. Al mismo tiempo, las mujeres pugnan por más espacios en la sociedad y más autonomía, lo que también es considerado una afrenta a la masculinidad”.

Para Rita Segato, investigadora argentina, “la masculinidad exhibe su trasfondo en la avidez por mostrar una potencia que ya no puede alcanzar. La capacidad de ‘adueñamiento’, indispensable para la titulación masculina, para la adquisición del prestigio masculino, solo se obtiene hoy con violencia”.

La reconocida antropóloga sostiene que “la violencia machista, como crimen de género, no es instrumental, sino expresiva, pues manifiesta la capacidad de dominio y control de la posición masculina. Es por eso mismo un crimen territorial, que dirige ese enunciado a sus pares varones”.

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