Gestión de pandemia pasa factura a Bolsonaro

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, vive una suerte de karma político estos días, luego de que la Comisión Parlamentaria de Investigación del Senado (CPI) recomendara el miércoles imputarlo por varios delitos por su gestión de la pandemia. El más grave de los cargos es el de “crímenes contra la humanidad”, pues más de 600 mil personas han muerto en el país a causa de la COVID-19.

La CPI concluyó que el Gobierno expuso “deliberadamente a la población al riesgo concreto de infección en masa”, mediante acciones como el desalentar el uso de mascarillas o menospreciar el mantenimiento del distanciamiento social, además de retrasar la compra de vacunas o defender medicamentos sin eficacia probada para tratar la enfermedad, como la hidroxicloroquina.

Aunque el mandatario ha aducido no tener “culpa de absolutamente nada”, sus propias declaraciones lo ponen en una situación delicada.

Durante toda la emergencia sanitaria, Bolsonaro esgrimió frases controvertidas. Por ejemplo, al inicio de la crisis, sostuvo que “el tema del coronavirus es mucho más fantasía, que no es todo lo que los principales medios de comunicación propagan”, por lo que desestimó acciones como las cuarentenas decretadas en ciertas jurisdicciones. Brasil es un país federal y los estados tienen decisión en materia de salud pública. Incluso, algunos Gobiernos regionales, como el de Sao Paulo, gestionaron sus propios acuerdos de vacunas. Bolsonaro es un reconocido antivacunas y rechaza ser inoculado, a pesar de que se contagió de COVID-19 el año pasado.

También calificó al virus de “gripecita” y señaló que este “no se propaga tan rápido en climas cálidos” como el brasileño —una afirmación sin sustento científico que quedaría rebatida por los hechos—.

Su defensa de la cloroquina e hidroxicloroquina, en consonancia con lo que pregonaba su homólogo estadounidense Donald Trump, también desató polémica. “Algunos morirán, por supuesto, no todos tomarán la medicina y se mantendrán con vida, pero la gran mayoría sobrevivirá [al tomarla]”, afirmó.

Otro hecho controversial fue pretender impedir el uso de cubrebocas. “Firmé varios vetos a un proyecto de ley que hablaba sobre el uso obligatorio de máscaras, incluso dentro de casa. Nadie va a entrar en tu casa para multarte”, escribió en sus redes sociales en julio de 2020, aunque la norma en cuestión no mencionaba el uso dentro del hogar. Cabe añadir que el propio mandatario fue reacio a usar mascarillas y solía quitárselas incluso en mítines.

Costo político

Además de crímenes contra la humanidad, el informe de la CPI incluye delitos como favorecer una epidemia que resultó en muerte, diseminación de informaciones falsas sobre el virus, falsificación de documentos, uso irregular de fondos públicos, diseminación de información falsa sobre el virus y prevaricación. Esta última imputación responde a presuntas irregularidades en la compra no efectuada de la vacuna india Covaxin, caso del que teóricamente estaba enterado y no denunció ante la Policía Federal.

De acuerdo con la agencia de noticias AFP, aunque el informe final de la CPI podría traerle consecuencias políticas y judiciales graves a Bolsonaro, analistas coinciden en que su impacto a corto plazo será más que nada simbólico.

El presidente aún tiene apoyo suficiente en el Congreso para evitar un ‘impeachment’ (juicio político que conlleve destitución) y es poco probable que el fiscal general resuelva imputarlo.

El principal costo para el gobernante de derecha populista se podría dar en el plano electoral. Brasil celebrará elecciones en 2022, donde Bolsonaro busca otro mandato. Los sondeos, de por sí poco favorables para el gobernante, revelan que la población tiene escasa aprobación sobre su gestión de la pandemia.

El Gobierno de Bolsonaro alcanzó su máximo nivel de popularidad, de 37%, en diciembre de 2020. Sin embargo, esta comenzó a descender significativamente a medida que aumentaban las muertes por COVID-19. Para mayo de 2021, era de solo 24%. El documento del Senado es un nuevo golpe que merma las aspiraciones reelectorales del mandatario.