El Parlamento israelí, conocido como Knesset, aprobó una reforma que establece la pena de muerte por terrorismo únicamente aplicable a palestinos en tribunales militares de Cisjordania. La votación obtuvo 64 votos a favor y 48 en contra tras un debate de casi doce horas.

La norma permite el ahorcamiento secreto y eliminará la necesidad de decisión unánime entre los jueces. Además se suprimirá el derecho a apelación para los condenados bajo esta disposición legal.

Ámbito de aplicación y exclusiones

Los tribunales militares de Cisjordania manejan exclusivamente casos de acusados palestinos por terrorismo. Los ciudadanos israelíes, incluidos colonos de la zona, enfrentan procesos en cortes civiles ordinarias.

La ley indica que está dirigida a quienes causen intencionalmente la muerte de personas para negar la existencia del Estado de Israel. Esta definición excluye en la práctica a individuos con creencias sionistas que cometan actos similares.

Cambios procesales

La reforma reduce la discrecionalidad de los jueces al requerir solo mayoría simple para imponer la pena capital. Los condenados enfrentan aislamiento casi total antes de la ejecución secreta por ahorcamiento.

Aunque no se aplica de forma retroactiva a detenidos de los ataques del 7 de octubre de 2023, otra iniciativa legislativa busca extenderla hacia el pasado. La Knesset tramita actualmente ese proyecto complementario.

Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional y líder del partido Poder Judío, celebró la aprobación como un avance en materia de justicia.

“Es un día de justicia para las víctimas y un día de disuasión para nuestros enemigos. No más puertas giratorias para los terroristas, sino decisiones claras. Quien elige el terrorismo, elige la muerte”, declaró para The Times of Israel.

La iniciativa contó con el respaldo del partido Likud, liderado por el primer ministro Benjamín Netanyahu, quien asistió a la votación. También obtuvo el apoyo del partido opositor Yisrael Beitenu y de las agrupaciones ultraortodoxas Shas y Judaísmo Unido de la Torá.

Ben Gvir impulsó directamente la reforma desde su posición ministerial. La coalición gobernante consolidó así su mayoría para superar las objeciones de la oposición.

Reacciones

La Presidencia de la Autoridad Palestina emitió un comunicado oficial con su postura frente a la nueva disposición legal. La entidad considera que la norma representa una violación directa del derecho internacional humanitario.

La entidad catalogó la ley como racista y calificada como crimen de guerra contra su población. En el mismo pronunciamiento, exhortaron a la comunidad internacional a intervenir.

“Estas leyes no van a quebrar la voluntad del pueblo palestino ni socavar su resistencia, ni lo disuadirán de seguir con su lucha legítima por la libertad, la independencia y el establecimiento de un estado palestino independiente con Jerusalén Este como capital”, expresaron oficialmente.

La Autoridad Palestina exigió sanciones internacionales contra Israel por presuntas violaciones. Mencionó específicamente torturas, aislamiento solitario y asesinatos sistemáticos de prisioneros como infracciones documentadas.

Críticas de organizaciones de derechos humanos

El Centro Legal para los Derechos de la Minoría Árabe en Israel, conocido como Adalah, emitió un pronunciamiento sobre los aspectos legales de la norma. La organización señaló que la disposición discrimina racialmente al aplicarse solo a palestinos.

Adalah identificó múltiples infracciones al derecho internacional en la legislación aprobada. Entre ellas, destacó la falta de autoridad de la Knesset para regular a la población palestina en Cisjordania.

Suhad Bishara, directora legal de Adalah, detalló las consecuencias prácticas de la ley para los acusados. La organización anunció su intención de presentar un recurso urgente ante el Tribunal Supremo israelí.

En su análisis, Adalah describió la norma como una de las disposiciones más violentas y discriminatorias en la historia reciente de Israel. La entidad argumentó que su implementación podría constituir un crimen de guerra bajo estándares internacionales.