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Unos 50.000 latinoamericanos pidieron a través de una iniciativa online al Gobierno de Colombia que suspenda la importación del pez mota en aras de proteger de la extinción al delfín rosado, usado como cebo para cazar a esta especie, informó hoy la ONG británica World Animal Protection.
La iniciativa, que forma parte de la campaña "Yo protejo al delfín rosado" de esta organización, consiguió en apenas una semana mantener reuniones con las autoridades colombianas, a las que explicó los riesgos del consumo masivo de este animal.
El pez mota, producto que Colombia importa desde Brasil, es especialmente fácil de cazar si el cebo es el delfín rosado, una especie icónica que habita en los ríos del Amazonas, y cuyo número ha descendido al tiempo que aumenta la demanda del pez mota.
Según cálculos de World Animal Protection, el consumo del pez mota "promueve de manera indirecta la matanza ilegal de cerca de 1.500 delfines rosados".
Con las 50.000 firmas de apoyo ya recogidas, la ONG logró "un primer acercamiento con la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca de Colombia y el Ministerio de Relaciones Exteriores".
No obstante, la organización aseguró que no parará hasta que se "suspenda la comercialización del pez mota por el cual se caza de manera cruel e ilegal al delfín rosado".
Al respecto, la autoridad de pesca de Colombia respondió que desde el pasado 16 de junio rige una resolución en virtud de la cual se prohibe el uso de animales en peligro de extinción como carnada en territorio nacional, medida considerada insuficiente por la ONG en tanto que no ataca la principal amenaza del delfín: el pez mota.
Por su parte, la Cancillería manifestó su intención de discutir la problemática en foros internacionales que incluyan a todos los países amazónicos, pues un acuerdo bilateral con Brasil sería importante pero insuficiente para evitar que la caza de delfines se presente en otros países de la región.
La ONG recuerda que Brasil declaró una moratoria sobre la pesca del pez mota en todo el territorio nacional que entra en vigencia en enero de 2015 y tiene una validez de cinco años, un "primer paso" que debe contar con el apoyo de toda Latinoamérica.