El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, activó hoy la Carta Democrática del organismo para Venezuela, un paso sin precedentes que abre un proceso que puede llevar a su suspensión del ente.

En un informe de 132 páginas publicado hoy, Almagro recurre al artículo 20 de la Carta para “solicitar la convocatoria de un Consejo Permanente de los Estados miembros entre el 10 y el 20 de junio de 2016”, un procedimiento que “deberá atender a la alteración del orden constitucional y cómo la misma afecta gravemente el orden democrático” de Venezuela.

Luis Almagro se convierte así en el primer titular de la OEA en activar la Carta a un Estado miembro contra la voluntad de su Gobierno y lo hace amparándose en el artículo 20, que autoriza al secretario general o a cualquier Estado miembro a pedir la convocatoria inmediata del Consejo Permanente cuando en un país de la organización “se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático”.

El titular de la OEA “sustenta” su afirmación de que esa “alteración” existe en Venezuela “en las denuncias formuladas a la Secretaría General por la Asamblea Nacional de Venezuela”, de mayoría opositora, y por sus propias conclusiones explicadas exhaustivamente en este largo informe que él mismo ha elaborado.

“La Secretaría General de la OEA considera que la crisis institucional de Venezuela demanda cambios inmediatos en las acciones del Poder Ejecutivo (...) a riesgo de caer en forma inmediata en una situación de ilegitimidad”, afirma en el documento.

“La continuidad de las violaciones de la Constitución, especialmente en lo que se refiere a equilibrio de poderes, funcionamiento e integración del Poder Judicial, violaciones de derechos humanos, procedimiento para el referendo revocatorio y su falta de capacidad de respuesta respecto a la grave crisis humanitaria que vive el país lo cual afecta al pleno goce de los derechos sociales de la población”, añade.

Con ese paso sin precedentes en la OEA se abre un proceso de reuniones y votaciones que pueden tener como consecuencia desde resoluciones o gestiones diplomáticas hasta la eventual suspensión de Venezuela como miembro del organismo, para lo cual es necesario el voto de dos tercios de los cancilleres y que solo ocurrió tras el golpe de Estado de Honduras en 2009. 

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