El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quedó habilitado para buscar el enjuiciamiento de la mayoría opositora en el Parlamento -incluso por delitos militares y terrorismo-, luego de que un fallo judicial dejara a los diputados sin inmunidad.

“Es una sentencia histórica”, celebró Maduro este martes, al destacar que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) le da un “poder especial” para “defender la institucionalidad, la paz y rechazar (...) cualquier agresión que se pretenda” contra su país.

Aludía al pedido del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, al Consejo Permanente del organismo de sancionar a Venezuela si no realiza elecciones generales en breve.

Maduro también se refería al apoyo a esa iniciativa por parte del Legislativo, plasmado en un acuerdo del 21 de marzo que un día después él mismo consideró como “traición a la patria”, delito castigado con penas de 20 a 30 años de prisión.

A la oposición “más temprano que tarde le llegará la justicia”, advirtió este martes el vicepresidente, Tareck El Aissami.

El detonante del fallo fue el acuerdo parlamentario, que pidió a la OEA convocar a su Consejo Permanente para evaluar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana en el país y fijar sanciones.

Esa instancia se reunió este martes en Washington a solicitud de 18 países -incluidos Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos y México- para discutir sobre la situación venezolana.

Tras la cita, esas naciones expresaron su preocupación por la crisis y acordaron convocar -según México- un nuevo Consejo que establezca un mecanismo diplomático formal para buscar salidas.

- Sin inmunidad -

El TSJ -al que la oposición acusa de servir al gobierno- dictaminó este martes que los asambleístas carecen de inmunidad por estar en desacato, según el fallo que anuló el acuerdo legislativo.

“La inmunidad parlamentaria solo ampara (...) los actos desplegados por los diputados en ejercicio de sus atribuciones constitucionales (lo que no resulta compatible con la situación actual de desacato en la que se encuentra la Asamblea Nacional)”, indica la sentencia.

A inicios de 2016, esa corte declaró en desacato al Parlamento por considerar que no desvinculó formalmente a tres diputados acusados de fraude electoral. En consecuencia, ha anulado todas las decisiones de la cámara.

El bloque opositor rechazó este martes el fallo por considerar que “viola la autonomía parlamentaria, pretende erradicar la inmunidad de los diputados y conferir poderes exorbitantes” a Maduro.

En la sentencia, el TSJ critica las acciones de Almagro, y fue más lejos al ordenar a Maduro tomar “las medidas (...) que estime pertinentes y necesarias para evitar un estado de conmoción”.

En el marco de un estado de excepción vigente desde 2016, también lo habilitó para que garantice la “estabilidad democrática” apoyado en las leyes sobre delincuencia organizada, terrorismo y el código de justicia militar.

“Le está dando al presidente un pase para que tome medidas contra diputados. La más grave sería abrirles un juicio militar”, dijo a la AFP el abogado constitucionalista Pedro Afonso Del Pino.

- “Contraofensiva” -

En un informe del 14 de marzo, Almagro denunció que el gobierno venezolano “viola con impunidad los derechos de sus nacionales, mantiene presos políticos (...), tortura, roba, corrompe, trafica drogas y mantiene a su población sometida a la falta de alimentos, de medicinas y de dinero para subsistir”.

Frente a la reunión el Consejo Permanente, el gobierno convocó este martes a miles de partidarios a una marcha que llegó a las inmediaciones de la Asamblea, donde la oposición sesionó. No se reportaron incidentes.

Tras la movilización, Maduro presidió un consejo de ministros en el que llamó a un debate sobre la “pertinencia” de que Venezuela siga integrando la OEA, y celebró que el organismo -a su juicio- no haya llegado a acuerdos.

“Esta historia apenas empieza”, dijo, advirtiendo que desplegará una “contraofensiva” e iniciará consultas con varias instituciones para cumplir el mandato del TSJ.

Para Cecilia Sosa, expresidenta de la extinta Corte Suprema de Justicia, el TSJ “se ha puesto por encima de la Constitución”, pues el fuero parlamentario solo puede ser removido por el propio Legislativo.

“Le está ordenando al Sebin (servicio de inteligencia) que detenga a los diputados con un efecto selectivo o masivo. El TSJ ha logrado su objetivo de paralizar la Asamblea”, declaró a la AFP.

Maduro descarta un adelanto de las elecciones presidenciales de 2018, mientras las regionales siguen en el limbo pues debieron realizarse a fines del año pasado, pero el poder electoral las pospuso para 2017 y aún no tienen fecha.