Ayer, domingo 16 de enero, se cumplieron 14 años de la presentación de la demanda del Perú contra Chile ante la Corte de La Haya - CIJ, sobre la controversia marítima que tuvimos y que fue decidida por su sentencia en 2014. Por encargo del desaparecido embajador Alfredo Chuquihuara Chil -era jefe de gabinete del canciller de turno (2005)-, hallándome, laborando en cancillería, me había entregado los informes de los abogados extranjeros contratados por el Perú para conocer sus opiniones jurídicas que coadyuvaron a la decisión de demandar a Chile, elaboré un texto muy preliminar de la demanda (borrador) con los aportes del cerebral Alfredo y que, hecho a la mano, guardo celosamente con orgullo.
Al embajador Juan Miguel Bákula, que insistía de que adjunto a la demanda fuera el Memorándum que él redactó y entregó al canciller chileno Jaime del Valle (1986) para abordar el problema marítimo, le expresé mi desacuerdo de que así fuera. La sentencia de la CIJ me dio la razón porque en el numeral 141, la Corte dijo “…En opinión de la Corte, los términos utilizados en ese Memorándum reconocen que hay un límite marítimo…”, que era exactamente lo contrario a la posición peruana que sostenía que no había ningún indicio o rastro documental o de otra índole que sustente dicho límite.
Pero la demanda fue presentada en un acto de política de Estado. Por decir que el agente debía ser un experto en derecho porque a la Corte se iba a litigar razonando todo el tiempo jurídicamente y que por tanto no me parecía que el embajador Allan Wagner era el idóneo para ser el agente (abogado) del Perú, dejando intacta sus virtudes diplomáticas, dado que en La Haya no se iba a negociar siendo la tarea diplomática inexistente, me volví en óbice para quienes lideraron el proceso.
El embajador Luis Solari Tudela halló en el Pacto de Bogotá la obligación chilena de ir a la Corte. Luego levantamos las reservas al Pacto (2003) y reconocimos la competencia de la Corte. Chile respondió por nota diplomática a otra peruana (2004) del canciller Manuel Rodríguez Cuadros, que no había controversia y por comunicado conjunto de ambos cancilleres, fue reconocida la naturaleza jurídica del problema. Con la Ley de Bases del Dominio Marítimo (2005), Alan García dio el paso histórico de demandar a Chile (2008). Así fue.
