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Hoy se cumplen 72 años del Decreto Supremo 781, que consagró la histórica tesis de las 200 millas, firmado por el presidente José Luis Bustamante y Rivero (1945-1948) y cuya autoría correspondió a su canciller Enrique García Sayán. Años después, la tesis fue distorsionada por el propio Bustamante y cundió la errada idea de que el Perú tenía un mar territorial de 200 millas -por décadas los textos escolares consignaron el error, que terminó incorporado en el imaginario de muchos peruanos-, cuando el único registro en la historia del Derecho del Mar era que los Estados costeros tuvieron un mar territorial -espacio marítimo pegado a la costa (criterio de seguridad militar), donde existe la figura del paso inocente u inofensivo- de solo 3 millas, que era la distancia del tiro del cañón. Por este error hemos venido enfrentándonos desde 1979 -debatí con el almirante Héctor Soldi contra el embajador Alfonso Benavides Correa y Fernán Altuve en el Congreso (2005)-, frustrando que seamos parte de la Convención del Mar de 1982 que recogió intacta la tesis de soberanía y jurisdicción del Estado costero sobre los recursos vivos (peces) y no vivos (minerales) que se hallen en las referidas 200 millas (criterio socio-económico). La tesis jamás sostuvo soberanía absoluta sobre las aguas, porque siempre se ha respetado el derecho universal de la libertad de comunicación o de navegación como está perfectamente reconocido en la Constitución Política de 1993 (Art. 54°). El grave error fue concebir derechos en el mar con la misma lógica jurídica que en el continente, donde sí existe soberanía absoluta y donde prevalecen los criterios civiles de posesión y de propiedad sobre el suelo; es decir, mientras un campesino podría adquirir la posesión de una chacra que no tiene dueño en el quinto año de ocuparla y en el décimo, la propiedad, impidiendo el libre ingreso, un pescador, en cambio, jamás podría reclamar dichos títulos sobre las aguas que rodean al muelle donde él, su padre y su abuelo se dedican a la pesca por décadas, porque no existe propiedad sobre el mar. La soberanía reconocida en la Convemar consiste en que el Estado decide cuándo, cuánto, dónde y cómo se pesca. Los pocos que se oponen políticamente a la Convemar no la han leído jurídicamente. Ese es el problema.