El país se encuentra con la expectativa de ver qué pasará con la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ante el Congreso de la República, por las investigaciones que adelanta sobre la actuación del presidente Pedro Castillo en materia de corrupción, el pasado 12 de octubre.
A partir de ese momento, ocurrieron varios hechos que llenan de incertidumbre el posible éxito de la denuncia en materia política, porque en términos penales solo se verá la luz dentro de muchos años. El primero es la forma fría cómo la denuncia fue recibida por la mayoría de los congresistas que si bien tratan de salvar las apariencias ante la opinión pública, están tranquilos con el estado de cosas por las que atraviesa el país. Se esperaba que ante la denuncia de Pedro Castillo ante la OEA por el resquebrajamiento del orden democrático, donde culpaba en parte al Congreso, pidiendo activar la Carta Democrática, este reaccionara con furia para defender su fuero, como lo hizo hace un año ante los avisos del Ejecutivo de emplear la cuestión de confianza con el fin de impulsar los cambios constitucionales.
Pero no fue así. De hecho, el intento de la oposición liderada por Renovación Popular de censurar al canciller Landa por el pedido que hizo a la OEA, no ha logrado reunir los votos necesarios y todo parece indicar que más allá de la interpelación por casi cinco horas en el Congreso, no pasará de allí.
A lo anterior se suma que los cargos por corrupción no se encuentran contenidos en el artículo 117 de la Constitución, que contempla los delitos por los que puede ser sancionado el presidente, pero hay que tener presente que los hechos hicieron posible esta vía en el caso de Fujimori, la gran pregunta es si aquí también podría pasar lo mismo.
