A Nicolás Maduro, dictador de Venezuela, ciertamente no le espera un futuro de impunidad. En efecto, acaba de volver a ser denunciado ante la Corte Penal Internacional - CPI, y la protagonista de la activación de la medida jurídica ha sido la fiscal Fatou Bensouda, que es responsable del análisis preliminar de las acusaciones de violaciones al Estatuto de Roma. Esta nueva denuncia coloca en una situación de mayor gravedad jurídica al gobernante chavista porque se ha promovido contra él y los demás miembros de la cúpula militar, una acusación, que técnicamente se denomina imputación penal objetiva. A estas alturas de la coyuntura que vive el país llanero con elecciones convocadas para el mes de diciembre de este año, el presidente de facto debe estar muy preocupado por la reciente nueva calificación penal. Está claro que mientras mantenga el poder, que es efímero, pocas chances habrá para que sea objeto de un juicio ante este tribunal internacional, pero también lo es que, si la denuncia prospera por la convicción fiscal de su mérito, Maduro estará sentado en el banquillo de los acusados tarde o temprano. La CPI es un tribunal de justicia internacional permanente, vigente desde 2002, que se rige por su referido instrumento constitutivo establecido en 1998. Con sede en la ciudad de La Haya -considerada la meca del Derecho Internacional-, en Países Bajos, su jurisdicción es universal siendo a la fecha 124 sus Estados Partes –Venezuela (2001) y Perú (2002)-. La CPI es el más extraordinario avance del derecho penal internacional contemporáneo desde el Tribunal de Núremberg (1945), que ha venido a revolucionar el sistema jurídico planetario al determinar la individualización de la responsabilidad penal. A diferencia del derecho nacional o interno de los Estados donde existe un solo poder judicial, en el sistema internacional se cuenta una diversidad de cortes o instancias judiciales. La referida denuncia de la que muchos hablan, entonces, sí que va a hacer temblar a Maduro y a los secuaces cómplices que lo mantienen en el poder, pues la CPI juzga a personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, de guerra, de agresión y de lesa humanidad.
