Hace algunas semanas, la Contraloría General de la República y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), acordaron aplicar drásticas sanciones ante el uso de recursos públicos con fines electorales en la presente contienda electoral.
La campaña lleva por nombre "Postula con la tuya" y está dirigida a los ciudadanos, autoridades y funcionarios públicos para informar acerca de la prohibición que existe de emplear recursos públicos bajo ninguna circunstancia ni modalidad para fines electorales. En este caso lo que se denomina "Peculado de uso".
El 387 Código Penal, establece que: "El funcionario o servidor publico que, para fines ajenos al servicio, usa o permite que otro use vehículos, maquinarias o cualquier instrumento de trabajo perteneciente a la Administración Pública o que se hallan bajo su custodia, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de ocho años".
Pero a pesar de que existen éstas prohibiciones, ya se puede percibir con descaro el uso bienes y recursos públicos para fines de proselitismo o propaganda, por parte de algunos alcaldes que buscan su reelección y otros funcionarios que aspiran los gobiernos regionales y municipales a nivel nacional, regional y local.
Ojo que la sanción prevista por la normativa electoral puede llegar a la suspensión del ejercicio de funciones del funcionario público, sin perjuicio que constituye delito de peculado sancionado hasta con ocho años de cárcel de conformidad con el Código Penal.
Entonces, sería bueno que tanto la Contraloría general de la República, como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), hagan efectivas las sanciones ya anunciadas y que la campaña "Postula con la tuya" no quede en el tintero, mas bien se oriente y capacite a las propias autoridades, para que sepan las restricciones del gasto en tiempo electoral, y a los candidatos, a fin de advertir estas situaciones.
Por otra parte, en la presa y en la ciudadanía, queda la responsabilidad de ser entes vigilantes y para ello urge la necesidad de que conozcan los casos en que los funcionarios públicos pueden incurrir en infracción a las normas que regulan la Propaganda Electoral y Publicidad Estatal. Para que los comicios que realicen con transparencia y en igualdad de condiciones.
