Acta de sujeción

La agrupación política Todos por el Perú separó de la lista de postulantes al Congreso al general PNP Félix Murazzo por no haber consignado en su hoja de vida que suscribió la nefasta “Acta de sujeción” a la dictadura de Alberto Fujimori. Consulté a oficiales PNP que habían participado en esa convocatoria y estos me explicaron que les habían ordenado concurrir a una reunión de Comando y no a una “Ceremonia de Adhesión”. Según su versión en abril de 1999, los ministros de Defensa, del Interior, el jefe de Comando Conjunto de las FF.AA. y el director general de la PNP ordenaron que los oficiales generales y los oficiales superiores del grado de coroneles concurran a una reunión de Comando, que resultó una “Ceremonia de Adhesión” de generales, almirantes y coroneles para respaldar el autogolpe del 5 de abril de 1992 y para rechazar las acusaciones de violación de Derechos Humanos, que se pudieran plantear contra miembros de la FF.AA. y de la PNP. Esta sorpresiva ceremonia pretendía tener la connotación de un acto jurídico. Los oficiales me dijeron que esto no era cierto porque devenía de un grosero abuso de autoridad. Según la versión de experimentados abogados, esta “Ceremonia de adhesión” no constituye un acto jurídico según lo dispuesto por el Código Civil Peruano. El Título 1 de este código señala taxativamente las Disposiciones Generales y los elementos esenciales del acto jurídico. El Artículo 140 establece lo siguiente: “El acto jurídico es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar, extinguir relaciones jurídicas. Para su validez se requiere: 1.- Agente capaz (los obliga a concurrir, no son agentes capaces). 2.- Objeto física y jurídicamente posible (el objeto no es física ni jurídicamente posible). 3.- Fin lícito (el fin de la “adhesión” era evidentemente ilícito) 4.- Observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad (en momento alguno se observó la forma prescrita por la ley; por lo tanto, era un acto nulo). Casi tres millones de jóvenes votarán por primera vez en las elecciones del año 2016; a ellos hay que sumar otros millones de jóvenes que no saben o no recuerdan que el gobierno de Alberto Fujimori impulsó un autogolpe de Estado el 5 de febrero de 1992, dando inicio a un gobierno dictatorial. Durante ese periodo se cometieron muchos atentados contra los Derechos Humanos y se pretendió esconderlos y maquillarlos como una consecuencia de la lucha contra el terrorismo. El gobierno dictatorial pretendía presentarse como un Ejecutivo eficiente. Mediante acciones de facto, tales como la compra de medios de comunicación, el copamiento del Poder Judicial, de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y de otras instituciones intentó mostrar una imagen que no era real. En el caso de la Policía Nacional hubo groseros intentos de presentar logros policiales como si fueran del corruptísimo Servicio de Inteligencia Nacional. En el año 1998, el Delta 2 de la Subdirección contra el Terrorismo Metropolitano de la DIRCOTE, luego de un trabajo de más de un año de pesquisas, logró identificar, ubicar y capturar a la responsable del atentado de la calle Tarata, en Miraflores, la cabecilla de la organización terrorista Sendero Luminoso, Cecilia Rossana Núñez Chipana. El coche bomba que estalló en Tarata fue uno de los bárbaros atentados del Partido Comunista del Perú; por ello tuvo una gran repercusión internacional. La cabecilla fue capturada en Caracas gracias a una Operación Internacional de la Policía. El Servicio de Inteligencia Nacional pretendió presentar este éxito policial como un trabajo realizado por ellos por el solo hecho de haber facilitado el avión presidencial para trasladar a esta terrorista hacia el Perú. Este fue uno de los muchos intentos de usurpación de los logros de la Policía. La negativa de los coroneles de la DIRCOTE y de la INTERPOL a permitir estos abusos motivó que los mandamases del copado SIN comentaron abiertamente que no deseaban tener jefes “insubordinados”. Por esta y por otras razones en relación a las Fuerzas Armadas diseñaron una estrategia para impedir que nuevamente Oficiales de la FF.AA. y de la PNP se opusieran a las arbitrarias disposiciones gubernamentales. Así surgió la idea de la abusiva “Acta de sujeción”. Como una prueba que ese acto arbitrario no obligó a las partes, esos mismos coroneles fueron los que comandaron las acciones nacionales e internacionales orientados a la captura de Vladimiro Montesinos y su entorno criminal, así como la captura de los integrantes del Grupo Colina. La inmensa mayoría de los oficiales que fueron obligados a firmar ese acta no estaban de acuerdo con ella. Según mis informantes, solo una minoría de ellos actuaron de manera servil porque eran parte de la dictadura. Salvo mejor opinión.