“Aimarazo” y pagos a Bear Creek

Durante el gobierno de Alan García, el D.S. 083-2008-EM otorgó a la minera Bear Creek la concesión y derechos mineros ubicados en el distrito de Huacullani, provincia de Chucuito, Puno.

Concesión otorgada por el gobierno aprista pese a la prohibición expresa en la Constitución de que las empresas extranjeras no pueden realizar actividades directa o indirectamente dentro de los cincuenta kilómetros de zona de frontera y sin licencia social.

En el 2011 se desencadenaron las protestas aimaras y se crea el “Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur de Puno”, encabezado por Walter Aduviri, protestas que terminaron en el llamado “Aimarazo”, derogándose la concesión minera con el D.S. 032-2011-EM , atropellando los mecanismos y procedimientos necesarios.

Demandado el Estado Peruano ante el Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), por la cancelación unilateral de la concesión en diciembre del 2017, se le ordenó compensar a la empresa, hoy, por 30.2 millones de dólares por daños y perjuicios ocasionados.

La concesión inicial y la derogatoria mediante decretos supremos, la primera anticonstitucional y la última más que apresurada, han resultado en una ganancia segura para una inversión mínima. ¿Cuándo y quiénes firmaron estos decretos? La presencia del gobierno aprista y la de Alan García no se pueden ocultar.

El Ministerio Público y la Contraloría General de la República deben investigar y sancionar a los responsables de este perjuicio económico al país.