En el corto tiempo que el general PNP Eduardo Arteta se encuentra al frente de la XVIII Dirtepol, se ha ganado el apoyo, respeto y la consideración de autoridades y población que, enterados de la estrategia planteada para combatir la delincuencia en la región, ven con esperanza y fe que ahora llegó la hora de una guerra sin cuartel contra los individuos que viven al margen de la ley.
Lo que ya viene siendo asimilado por un gran porcentaje de la población es el novedoso Sistema Alave (Alarmas Vecinales con monitoreo en las dependencias policiales de la región Tumbes), propuesto y, ya en marcha inicial, por el nuevo ejecutivo de la XVIII Dirtepol.
El principal objetivo que reza el planteamiento técnico es contundente "Lograr recepcionar todos los eventos de alarmas por intermedio de las Centrales de Monitoreo de la Policía Nacional..., optimizando el auxilio inmediato al ciudadano y, de esta manera contribuir a disminuir la delincuencia y fortalecer la seguridad ciudadana".
La propuesta contempla la instalación de 353 sistemas de Alarmas Vecinales y la participación activa de 3,530 juntas vecinales que representarán a 70,600 ciudadanos previamente censados y codificados con hermética seguridad quienes cumplirán el importantísimo rol de facilitar la información de los hechos ilícitos que se produzcan en la región.
El tema venía avanzando casi sobre ruedas, con la fase de empadronamiento de los vecinos, sin embargo, en esta última semana, las indecisiones de algunas autoridades del Gobierno Regional, en torno a la poca claridad sobre designación de recursos para que Alave continúe, por unas horas cómo que dejó en suspenso esta prometedora y científica propuesta.
Felizmente, el Consejo Regional ha asumido un rol al nivel de las circunstancias y el sábado reciente por unanimidad ha aprobado una resolución declarando en emergencia la seguridad ciudadana en la región, a fin de allanar, los trámites y los procesos para lograr los recursos económicos necesarios y Alave prosiga hasta su implementación total. Muy bien.
Otra. Se dejó sin efecto, el acuerdo inicial de un grupo de autoridades civiles y policiales, de trasladar el Centro de Salud de La Curva a un local cercano al Complejo de Migraciones, por la ola de asaltos de que eran víctimas pacientes, personal médico y asistencial de mencionado CLAS. Esa decisión era una verguenza puesto que era tirar al tacho de basura el principio de autoridad y dejar el escenario libre para el delito.
Sin embargo, en un sabio y valiente replantamiento, el jefe de la Dirtepol, autoridades civiles con el concurso también de la misma población del lugar, se tomó la importante determinación que el centro de salud continúe operando en su infraestructura propia, redoblándose la vigilancia policial, además de multiplicar y mejorar el servicio con acciones cívicas. Vale. El principio de autoridad debe primar.
