Temibles asesinos, extorsionadores, secuestradores y ladrones volvieron a las calles en los últimos seis meses. Un total de 69 criminales han retomado sus actividades ilícitas, poniendo en grave riesgo la seguridad de todos los peruanos. Esta situación nos obliga a cuestionar seriamente la eficacia y el compromiso del Poder Judicial (PJ) y el Ministerio Público (MP), quienes parecen haber demostrado una alarmante desidia al permitir la liberación de estos individuos.
La confianza en nuestras instituciones judiciales está en su punto más bajo. Una encuesta reciente realizada por Datum revela que un abrumador 85% de los ciudadanos no confía en el PJ. Dentro de este porcentaje, el 70% cree firmemente que existe corrupción dentro de sus filas, con acusaciones de sobornos y un 10% sostiene que sistemáticamente favorecen a los delincuentes. El MP tampoco escapa de la desconfianza generalizada, con un preocupante 73% de la población expresando su escepticismo hacia esta institución, acusándola principalmente de corrupción (63%) y de retrasar excesivamente las investigaciones (10%).
Es evidente que bajo estas circunstancias, nuestras posibilidades de combatir eficazmente la delincuencia se ven seriamente comprometidas. Urge la implementación de proyectos de ley que permitan a las fuerzas del orden llevar a cabo investigaciones preliminares sólidas, eliminando cualquier vacío legal que posibilite la liberación de criminales peligrosos. Es imperativo que nuestros legisladores desvíen su atención de intereses personales y se enfoquen en la creación de leyes y normativas que aborden de manera efectiva los desafíos que enfrenta la mayoría de los peruanos.
