La gravísima denuncia hecha por el alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, no puede ser minimizada ni dejada de lado, pues aparte que su integridad y la de su familia están en serio peligro, lo cual ya es bastante, es una muestra palpable de cómo la delincuencia y las mafias organizadas están tratando de imponerse a la fuerza para obligar a las autoridades públicas a que abandonen las funciones que les manda la ley de un país que supuestamente es civilizado, o al menos aspira a serlo.
El burgomaestre ha dicho que viene siendo extorsionado desde que al inicio de su gestión clausuró un prostíbulo en la avenida Gran Chimú, a lo que luego se sumó la recuperación de calles tomadas por ambulantes y la suspensión de fiestas callejeras. Inicialmente las amenazas estuvieron dirigidas a los funcionarios ediles a cargo de estas labores propias de una gestión municipal. Ahora la puntería se dirige especialmente al alcalde, al que acaban de dejar un explosivo en la casa en la que vive con su madre y sus sobrinos.
Maldonado, que también ha recibido un arreglo floral fúnebre y una foto suya junto a un cartucho de dinamita, indica que tiene conocimiento, aunque de manera extraoficial, que un grupo de delincuentes está haciendo una bolsa de 30 mil soles para contratar a sicarios a fin de que acaben con su vida. En un país donde todos los días vemos el accionar de asesinos a sueldo, muchos de ellos extranjeros que andan en motos, una advertencia de este tipo no puede ser obviada por la Policía Nacional.
Atención que el caso de Maldonado lo conocemos porque dicho burgomaestre ha tenido la valentía de salir públicamente a narrar lo que le está sucediendo. Sin embargo, habría que ver cuántos han optado por quedarse callados, quizá no tanto por temor a los delincuentes que amenazan enviando explosivos y balas, sino más bien a la inacción de las autoridades para tomar medidas y garantizar su protección. Algo muy similar debe estar sucediendo con el ciudadano de a pie que se encuentra en un problema similar.
Situaciones como estas son inaceptables y requieren una respuesta urgente. Si permitimos esto, mejor que los alcaldes se vayan a sus casas y que los delincuentes, con sicarios en lugar de policías y serenos, pongan prostíbulos, discotecas y bares, y alquilen las calles a los ambulantes. Y no nos sorprendamos si más tarde pasa lo mismo con ministros, congresistas, gobernadores y jefes policiales o militares. Si no cortamos con esto de raíz, el hampa habrá derrotado a la legalidad y el estado de derecho. ¿Vamos a permitir eso?
