El panorama político peruano se encuentra en una encrucijada. Mientras Antauro Humala, quien fue condenado por la muerte de cuatro efectivos de policiales en Andahuaylas, recibe el respaldo de partidos de izquierda, el Congreso se prepara para debatir una ley crucial. Esta legislación prohibiría la postulación a cargos de elección popular a asesinos, terroristas, secuestradores y otros delincuentes. Sin embargo, la situación se torna más turbia con el apoyo de Juntos por el Perú (JPP) a Humala.
La decisión de JPP de aliarse con Humala justo antes de la discusión de una ley que podría frenar su candidatura es preocupante. Isabel Cortez, congresista de JPP, llegó a afirmar que “si en Argentina eligieron a un loco, en nuestro país otro loco (no estaría mal)”. Esta declaración no solo es irresponsable, sino que también revela una alarmante falta de criterio y principios en aras de beneficios electorales. Los intereses electoreros parecen imponerse a los principios y valores que se espera que un partido político defienda.
Lo más grave es que esta alianza podría abrir la puerta a la postulación de Antauro Humala, a pesar de que un aplastante 97% de peruanos rechaza la idea de tener a un asesino en Palacio de Gobierno, según una encuesta de Ipsos Perú.
La democracia se enfrenta a un reto significativo. Permitir que una figura condenada por delitos tan graves aspire a un cargo de elección popular no solo es una afrenta a las víctimas y sus familias, sino también a los principios de justicia que deben guiar a nuestra sociedad.
