En junio de 1997 se denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Estado peruano por violación del derecho a la vida, las garantías judiciales, y protección judicial; por la  ejecución extrajudicial del ex líder sindical peruano Pedro Huilca; asimismo, debido a que las instancias jurisdiccionales no habían determinado durante 10 años, de manera fehaciente a los responsables del asesinato del líder sindical.

Dichos hechos fueron merituados por la citada Comisión que con los cargos y los descargos del Estado Peruano emiten “informe de fondo” opinando por la responsabilidad de nuestro Estado, razón por la cual, en marzo de 2004, se eleva la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En setiembre de 2004, el Estado peruano se allana a los términos de la demanda con lo cual acepta la responsabilidad sobre la ejecución extrajudicial  de Huilca (sin saber quiénes habían sido los autores), ante lo cual la Corte tiene a nuestro país como violador de derechos humanos, disponiendo entre otros  aspectos  el pago de reparaciones, (…) “un acto público de reconocimiento de responsabilidad en  relación con el presente caso, y pedir una disculpa pública a los familiares de la víctima” (…), además que se determine la responsabilidad de quienes habían cometido el crimen.

En cumplimiento de lo dispuesto por la Corte, se emite la sentencia que absuelve a los miembros del grupo Colina, y mandos militares, etc., por el presunto asesinato de Huilca.

Es indignante que se reconozca responsabilidad sin saber quién o quiénes cometieron el asesinato. Ello hizo posible el pago de la reparación a la familia de Huilca, pero también colocar al Estado y a  las fuerzas del orden como violadoras de derechos humanos y llevarlas al nivel de los asesinos terroristas.

La falsedad del relato que culpo a las fuerzas del orden de dicho asesinato no es un caso aislado. La paz que se ganó derrotando al terror, peligra con campañas militantes remotas y persistentes de la progresía y comunismo asesino enquistados en la sociedad, Estado y organismos como la CIDH. Es obligatorio enfrentarlos.