Uno de cada cinco pescados en el mundo es capturado, lamentablemente, por ilegales que mueven alrededor de 23 mil millones de dólares anuales. En el Perú, según cifras del Ministerio de la Producción, las pérdidas por la pesca ilegal alcanzan los 500 millones de dólares anuales.
Por otro lado, mientras que el sector pesquero industrial genera más de 100 mil puestos de trabajo formales que a su vez originan 3 puestos laborales indirectos, la tasa de informalidad laboral en los otros sectores de la pesquería es en promedio del 91%, superando en casi 20 puntos la tasa de informalidad laboral de toda la economía.
Asimismo, mientras que la pesca industrial es supervisada y fiscalizada por el SISESAT, el Programa de Control y Vigilancia, la DICAPI, PRODUCE, SANIPES, ITP, la pesca informal y en especial la ilegal carecen de un sistema de fiscalización adecuado.
El reto, entonces, consiste en incorporar a este amplio sector de la pesca informal a la formalidad, y tener cero tolerancia para la pesca ilegal.
Para ello, existen algunas medidas que pudiesen tomarse de inmediato. Así, en primer lugar, se requiere una supervisión de las plantas de harina residual y las empresas de consumo humano directo que tienen, a su vez, plantas residuales.
Sin embargo, ello resulta insuficiente si es que no se implementan intervenciones a las plantas ilegales, a través de operativos de intervención focalizados en las zonas donde la captura de anchoveta es mayor, para lo cual se requiere una coordinación estrecha con la Fiscalía y el Poder Judicial.
Es importante señalar que una medida que contribuye a reducir enormemente la informalidad es la resolución del TC, publicada en setiembre de 2019, en la que ratifica a PRODUCE como la única autoridad que puede otorgar permisos de pesca.
En suma, mucho trabajo por hacer. No dejemos que la ilegalidad llegue a ser tan grande que ya no existan incentivos para la formalización y acabemos por mantener a una pesca nada saludable.
Así no juega Perú.
