Un Gobierno inseguro, vacilante y caótico se caracteriza en los últimos días por echarle la culpa a otras instituciones por el descalabro en el que se encuentra el país. El presidente Pedro Castillo lanzó duros epítetos contra el Defensor del Pueblo, el premier Aníbal Torres hizo lo propio contra el Tribunal Constitucional y el líder del partido en el poder, Vladimir Cerrón, la emprendió contra la Contraloría. Está claro que todo es parte de una campaña para atentar contra la institucionalidad. Solo proyectan bronca y ruido que intoxican el futuro.
Evadirse de los problemas más álgidos del Perú para fabricarse enemigos es una mala señal. Esto solo lleva a la confusión, desconcierto e inestabilidad. Si el jefe de Estado y los que lo rodean siguen demostrando su incapacidad para construir el futuro en el marco del estado de derecho y la Constitución, la situación del país se complicará más. Habrá inseguridad jurídica que afectará de todas maneras las inversiones. Al final, la mayoría de peruanos, incluidos los que apostaron por Castillo, tanto por su antifujimorismo como por la posibilidad de imaginar un mejor país, profundizará más su decepción, frustración y desconfianza. Si no lo cree mire las encuestas. La gente está pidiendo a gritos otro rumbo para la Nación.
