José Antonio Kast anuncia una reforma constitucional para reconocer la seguridad como deber esencial del Estado como parte de una agenda contra el crimen organizado y contempla, además, un régimen penitenciario especial contra los cabecillas que continúen dirigiendo sus bandas desde las cárceles. La propuesta merece atención en el Perú aunque nosotros tenemos desde 1993, el artículo 44 de la Constitución que establece como deber primordial del Estado proteger a la población de las amenazas contra su seguridad. El mandato existe; lo que falta es cumplirlo. Aquí no hay vacío constitucional, hay incumplimiento estructural. La Constitución ordena pero la extorsión crece, el sicariato se normaliza y organizaciones criminales controlan territorios, actividades económicas y centros penitenciarios. El Estado está desbordado, infiltrado y hackeado por la criminalidad. De la experiencia chilena debemos recoger la decisión de recuperar el control de las cárceles. Inadmisible que los reclusos mantienen comunicaciones ilícitas, ordenen asesinatos, cobran extorsiones y administren sus organizaciones desde prisión. Se necesita un régimen de máxima seguridad para cabecillas, inteligencia penitenciaria, bloqueo efectivo de comunicaciones y conexión permanente entre Policía, fiscalías y unidades de inteligencia financiera, todo ello bajo control judicial y dentro del Estado de derecho. No necesitamos agregar otra promesa a la Constitución. Necesitamos convertir su mandato en instituciones, presupuesto, inteligencia y resultados. El inicio de un nuevo gobierno ofrece la oportunidad de abandonar la improvisación y declarar la seguridad política de Estado. La primera obligación constitucional es impedir que el miedo gobierne donde el Estado deja de hacerlo. Carlos Espá puede impulsar la Declaración de Santiago de mayo de este año hacia un sistema regional contra el crimen organizado con ayuda de la cooperación internacional. Un gran desafio y una gran posibilidad.