Un día, el presidente Pedro Castillo dijo que existe una confabulación de una parte del Congreso, la Fiscalía de la Nación y un sector de la prensa para desestabilizar el orden democrático y dejó en claro que no se preocupa de ello porque tiene al pueblo a su favor. Al siguiente día llevó a grupos de ronderos (su fuerza de choque) a Palacio de Gobierno para victimizarse ante ellos, luego azuzarlos y al final lanzar una amenaza: “Tomaremos las decisiones, ya no de la forma como la hemos venido haciendo, siendo respetuosos. Lo haremos con el pueblo (…) Tengo algunas noticias que no las voy a develar”, dijo mientras la concurrencia gritaba “¡Cierren el Congreso!” y “¡Asamblea Constituyente!”.
Mientras tanto, renuncia el abogado Benji Espinoza a su defensa y el hombre de Derecho que defiende al exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, declara que éste podría dar información que comprometa al jefe de Estado y a otros ministros.
Ante esta coyuntura, Pedro Castillo debe dar, con urgencia, algo más que gritos desaforados apelando a un pueblo que no lo respalda. Debe colaborar con la justicia y hacer un llamado fuerte y claro para que sus familiares y allegados se entreguen. La transparencia es crucial en estos momentos. En este punto de nada sirven el auto convencimiento de que está haciendo las cosas bien y menos los dogmas. Lo más importante es allanarse a las investigaciones y que se encuentre la verdad.