Aprendiendo de La Oroya

No se puede hacer una comparación entre el apoyo de la población de La Oroya a la continuidad de las operaciones del complejo metalúrgico y el rechazo de la población de la Provincia de Islay al Proyecto Tía María.

La refinería se establece en 1922 en esa localidad pues es parte del nudo de comunicaciones de Lima -Callao con el centro del Perú. La ciudad crece y se desarrolla a partir de la actividad metalúrgica. La gente no sólo defiende un puesto de trabajo formal (con todos sus beneficios) si no la actividad que da vida a esta ciudad por casi 90 años.

Lamentablemente vemos las consecuencias de una privatización mal diseñada, con autoridades que fueron muy laxas con la empresa que gana de relancina el proceso, con un operador que vivió del capital de trabajo de terceros, que supo utilizar a la población como arma de chantaje social al gobierno de turno, etc.

Todo tiene su final. Este estaba anunciado desde el 2009 en que se paralizaron las operaciones pues se le cortó el crédito a la empresa. Esta no puso capital propio y jugó a la salida ganadora (buscar que el Estado pise el palito y que asuma las operaciones para ir a tribunales extranjeros).

El proceso concursal ha cumplido sus etapas y no queda otra que liquidar la empresa. Desde el Estado peruano nadie pensó que se podía llegar a esta etapa y enfrentar las consecuencias sociales.

Finalmente, hay que analizar los límites máximos permisibles y los estándares de calidad ambiental (ECA) que las autoridades han establecido pues nosotros mismos perdemos competitividad para generar valor agregado imponiendo estándares imposibles de cumplir.