En medio de su desesperación por su ineptitud y evidentes manchas de corrupción, el precario gobierno de Pedro Castillo ha comenzado a jugar con fuego frente a un Poder Legislativo que no ata ni desata. Ayer presentó una segunda cuestión de confianza –la primera ni siquiera fue admitida a debate– para tratar de derogar una ley que aclara o reitera que cualquier iniciativa que se someta a un referéndum, tiene que pasar antes por el Congreso.
Es evidente que lo que está buscando el profesor Castillo de la mano de su premier Aníbal Torres y su ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, es cerrar el Congreso al estilo Martín Vizcarra en setiembre de 2019. Incluso el jefe del gabinete ya advirtió que si la cuestión de confianza no se lleva al debate, se dará por rechazada. En otras palabras, quieren aplicar la triste y célebre fórmula de la “denegación fáctica”.
Castillo y sus ministros están usando como pretexto para quemar la “bala de plata”, una ley dada meses atrás que lo único que hace es aclarar que cualquier referéndum tiene que ser aprobado por el Congreso. Acá no hay nada del otro mundo, sino simplemente una reafirmación. El argumento es que “el pueblo” tiene derecho a impulsar reformas a través de la consulta popular. Claro, suena bien, especialmente cuando está por llegar la misión de la OEA.
Sin embargo, por detrás de mueve el interés de este régimen por cerrar el Congreso y llamar a elecciones para convocar a otro que se encargue de hacer una nueva Constitución. Y para tener mayoría aplicarían la vieja receta de todos los tiranos: abrir la Caja Fiscal, derrochar populismo, regalar plata por acá y por allá, dar encendidos discursos de corte “reivindicativo” y listo, se compran al elector para hacer con el país lo que les dé la gana, por los siglos de los siglos.
Mucho cuidado con lo que se viene. Este tipo de manotazos de gobiernos ahogados vienen con la movilización de “espontáneos”, como muchos de los que participaron en “la toma de Lima”. Advertidos estamos, pero el gobierno debería estarlo también. El mandatario tendría que recordar que impedir al caballazo el funcionamiento del Congreso, de acuerdo al artículo 117 de la Carta Magna, le puede pasar una factura muy grande.
