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Que Jorge Barata sea un colaborador eficaz, pudiendo testimoniar ante la justicia peruana, es un golpe certero a la corrupción de “Lava Jato”. No significa, como se dice, favorecer a la constructora Odebrecht. A los peruanos nos interesa, en un claro orden de prioridades, que los políticos probadamente sobornados vayan a juicio y, si son culpables, paguen con cárcel su estafa al pueblo. Para eso es necesario el testimonio de Barata. No solo son los políticos, luego están los empresarios. Para que haya un político corrupto, tiene que haber un corruptor que lo alimente. De allí que ampliar la investigación a los responsables de GyM, ICCGSA y J.J. Camet va en la línea correcta; romper ese círculo vicioso y claramente delictivo. Por eso, el amague de apelación del procurador ad hoc, Jorge Ramírez, es una peligrosa interferencia gubernamental que acrecienta las dudas razonables que hay en el vínculo Odebrecht-PPK. El argumento de la reparación civil suena a chiste, más aún si hay otros deudores: los terroristas y Fujimori, por ejemplo. ¡Qué sorpresa que ningún congresista pida interpelar al Ministro de Justicia por esta torpe jugada del Gobierno! FP y PPK parecen estar más juntos que nunca en boicotear a la Fiscalía; Rosa Bartra pidiendo las delaciones de Barata es algo sospechosamente patético. Los políticos tienen un obvio conflicto de intereses en esta investigación; deben hacerse a un lado y dejar trabajar a la Fiscalía. Verlos coincidir en sus críticas a Barata, así como pactar consensos apenas por sus canastas navideñas, confirma que están defendiendo sus prebendas y la de sus jefes.