Tuvo que llegar un nuevo gobierno a Argentina para que el caso del malogrado fiscal Alberto Nisman fuera abordado en toda su dimensión, caiga quien caiga. En efecto, luego de que el presidente Mauricio Macri asumiera el poder, dispuso la desclasificación de la documentación relativa a la muerte del fallecido fiscal que sin titubear llegó a señalar que la entonces presidenta Cristina Fernández y un séquito de sus hombres más cercanos tuvieron responsabilidad por impedir que prosigan las investigaciones para determinar a los responsables del atentado en la AMIA argentina en 1994. Ahora, el fiscal Ricardo Sáenz, que nunca jamás creyó el cuentazo de que Nisman fuera inducido al suicidio, ha concluido en su investigación que fue asesinado. El dictamen, que no tiene carácter vinculante, es revelador pues la exjefa de Estado podría verse comprometida en un asunto penal que ha impactado a la sociedad argentina. Un juicio, esta vez con jurisdicción federal, que era lo que se buscaba, y de ser cierta la implicación de la expresidenta, podría terminar tipificándola de asesina y, en consecuencia, sentenciándola a la pena privativa de la libertad conforme las leyes de Argentina. El asunto, entonces, es más complejo de lo que podríamos pensar a partir de la conclusión de Sáenz, de allí que la autoridad judicial deberá actuar con suma cautela a fin de llegar a la verdad y nada más que a la verdad. El caso ya ha alcanzado niveles de impacto político notable y gran parte de los argentinos estará pendiente de su desarrollo. Esperemos ver qué sucede cuando quede en manos del juez pertinente porque un suceso tan funesto como lo es un asesinato no puede quedar impune.

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