La “deshumanización” que estamos viviendo en nuestro país y en diversos rincones del planeta, es tremenda. No se respeta la legalidad, principio básico para mantener el orden y la paz; no se cultivan valores esenciales como la solidaridad o el respeto a los demás, ¡hemos perdido la sensibilidad! Queremos imponer asimétricamente nuestros propósitos, llevándonos por delante los preceptos legales y los derechos de terceros, sin más que la victimización. Pero, bajo el argumento de los “derechos humanos” no se debe proteger a los violentos, a aquellos que destruyen, queman, roban, saquean, hieren o matan bajo la justificación de que protestan por “sus” derechos. Los derechos humanos lo son para todos y los derechos de unos terminan donde empiezan los de los demás.

Las fuerzas del orden tienen el mandato constitucional de garantizar y restituir el orden interno cuando éste es afectado, pero no el de dejarse matar, atacar o violentar por parte de nadie. El orden y los derechos humanos no corren por cuerdas separadas ni privilegian a unos en contra de otros, tienen una lógica de comunión. El estado nacional es inalienable e inviolable y todos los peruanos tenemos el deber de honrar y defender los intereses nacionales sin distinción, así como el de respetar y defender el ordenamiento jurídico y la Constitución del país.

La encíclica “Evangelium Vitae” de Juan Pablo II señala que “…La legítima defensa” puede ser no solamente un derecho, sino un deber grave para el que es responsable de la vida de otro, del bien común, de la familia o de la sociedad”. Y señala también que “…Por desgracia, sucede que la necesidad de evitar que el agresor cause daño conlleva a veces a su eliminación. En esta hipótesis el resultado mortal se ha de atribuir al mismo agresor que se ha expuesto con su acción…”. Esto puede resultar polémico y durísimo, pero es real. Lo único que visiblemente buscan quienes conspiran, inspiran, promueven y alientan los actos de violencia e insurrección en el sur de nuestro país, aquellos que alientan la negación al dialogo con las autoridades legitimas, buscan hacer tabla rasa de la legalidad para instaurar el caos y la ingobernabilidad y terminar imponiendo el autoritarismo antidemocrático que pulula en otros países de la región.