La iniciativa del Ejecutivo de proponer una ley de asociaciones público-privadas (APP) para la inversión en infraestructura es necesaria y debe redundar en una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos. La experiencia de las primeras operaciones de APP ha resultado en costos fiscales significativos que, además, no están debidamente acotados. Bajo premisas de responsabilidad fiscal, la propuesta debe saludarse.
En efecto, es difícil cuestionar la intervención del MEF en los casos en que las iniciativas privadas involucren, en realidad, financiamiento del Estado y no inversión privada; después de todo, los costos los asumimos todos los peruanos. Obviamente, las concesiones autosostenibles vía inversión privada no requieren pasar por el MEF.
Sin embargo, la propuesta puede mejorarse. Un primer aspecto a precisar es que el cofinanciamiento del Estado debe destinarse preferentemente a zonas en las que exista mayor pobreza (Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Puno, Cusco, por ejemplo), y no a Lima u otras ciudades en las que existe capacidad de pago suficiente de la población, de manera que las inversiones sean recuperables vía tarifas. Por ejemplo, en el caso de la planta de tratamiento de aguas servidas de Taboada (Lima) ya existe un incremento tarifario aprobado por Sunass en el 2006 que permite la recuperación de la inversión ?a costos eficientes?, sin necesidad de cofinanciamiento alguno.
Un segundo punto a considerar es que no basta con acreditar que una concesión es más beneficiosa que el contrato de obra, como apropiadamente dispone la propuesta, sino que el dimensionamiento y especificaciones técnicas de las obras respondan a proyecciones de demanda técnicamente validadas por el regulador.
Un tercer aspecto a corregir es la incoherencia de exigir que las iniciativas privadas confinanciadas sean aprobadas por el MEF y, simultáneamente, exonerar de este mismo requisito a las inversiones a ejecutar directamente por las empresas públicas. En los hechos, esto permitiría que la empresa pública otorgue la obra directamente y evite así la aplicación de la ley de APP. No tiene sentido cerrar la puerta para abrir las ventanas.
Finalmente, esta ley debe servir para impulsar un agresivo plan de concesiones (autosostenibles o cofinanciadas) no sólo de infraestructura de transporte, sino también de los servicios de agua y saneamiento. Existen varias ciudades del país que podrían solucionar este problema en pocos años, si se decide encargar a las regiones (y no a las municipalidades) la concesión de los servicios. Ya existen estudios tarifarios para 17 empresas de agua del país. ¿Por qué no se aprovechan? ¿El perro del hortelano?
