La situación generada por la actividad del volcán Ubinas, en las alturas de Moquegua, ha hecho que el gobierno central anuncie la declaratoria en emergencia de la zona donde cientos de compatriotas se encuentran en peligro, al igual que sus propiedades.
El problema ha ido en aumento en las últimas semanas, lo que debería comprometer a todo el aparato estatal a estar atento a fin de atender las necesidades de quienes están padeciendo los efectos de las nubes de gases y cenizas que están saliendo del volcán.
En las últimas horas el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) ha indicado que se ha pasado de la alerta “amarilla” a la “naranja” por recomendación del Instituto Geofísico del Perú (IGP), que viene monitoreando la actividad del Ubinas que en 2019 mostró una actividad similar.
Las alertas se han venido dando, por lo que de ocurrir una emergencia mayor, las autoridades no podrán poner algún pretexto para justificar su inacción.
Se debe tener en cuenta que los afectados por el Ubinas son peruanos muy pobres, de una zona de difícil acceso, tanto desde Moquegua como de la vecina región Arequipa, por lo que su atención debería ser en este momento una prioridad para el Estado, y mejor si es con el apoyo de la empresa privada.
