Con Rodolfo Orellana ya en el penal de Piedras Gordas (Ancón I), son válidas las preguntas sobre esta captura, que pone fin -eso esperamos- a una red criminal que actuó con total impunidad durante 15 años, patrocinada por notarios, abogados (Benedicto Jiménez entre ellos), fiscales, jueces, policías, políticos y una retahíla de compinches a sueldo.

Los reflectores estallan en la cara del ministro del Interior, Daniel Urresti, porque se ha puesto el chaleco del oportunismo político, pero bajo ningún pretexto debemos atribuirle todos los méritos de la caída del “Gordo” ni ensalzarlo más de la cuenta.

Veamos. ¿Urresti capturó a Orellana? No. Fue una operación conjunta de la Policía Nacional, la policía antidrogas de Estados Unidos, la policía colombiana y la fiscal Marita Barreto. Que como titular del sector haya dado las facilidades es otra cosa y ahí también entra a tallar el director de la PNP, general Jorge Flores Goicochea, quien por cierto debería exhibir mayor protagonismo en el cargo.

¿Qué o quiénes apuraron el seguimiento y detención del abogado? En primer lugar, las víctimas (súmese a ellas Giovanni Paredes, dueño del camal de Yerbateros), que no se quedaron calladas y salieron a detallar el modus operandi de esta mafia enquistada en todos los frentes. Y, luego, el periodismo que, pese a las denuncias y amenazas, poco a poco fue sacando a la luz las artimañas de Orellana y compañía para hacerse de bienes que no le pertenecían. Unos 25 periodistas resultaron querellados por el ahora inquilino de Piedras Gordas.

De manera que ayudemos a Urresti a que pise tierra, no se distraiga con la eventual fama y anime a la Policía y al propio Gobierno a capturar a Martín Belaunde Lossio, otro personaje que tiene mucho que responder ante la justicia.