En menos de una semana, los peruanos hemos sido testigos de la detención de dos gobernadores regionales: Elmer Cáceres Llica, de Arequipa; y Agustín Luque, de Puno. Ambos han sido acusados por el Ministerio Público de ser parte de organizaciones criminales dedicadas a robar dineros públicos en compañía de otros funcionarios, en lugar de trabajar de manera honesta por los ciudadanos que los eligieron con la esperanza de que sus problemas sean atendidos.
Tanto Cáceres Llica como su colega Luque llegaron a convertirse en autoridades regionales afirmando ser “hijos del pueblo” y agitando las banderas de la “igualdad” y la “justicia social”, para terminar convertidos en falsos valores. El primero siempre fue un izquierdista radical, mientras que el segundo asumió el cargo tras la caída en desgracia del gobernador Walter Aduviri, un “revolucionario” sentenciado por los actos violentos sucedidos durante el “aymarazo” del 2011.
Sin embargo, la corrupción que campea en las administraciones regionales no necesariamente es patrimonio de la izquierda. La podredumbre y el mal uso de recursos no ha cesado, pese a que hay varias autoridades del pasado con serios problemas con la justicia y hasta en la cárcel. Los más “célebres” son César Álvarez (Áncash), Gerardo Viñas (Tumbes), Jorge Acurio (Cusco), Vladimir Cerrón (Junín) y Martín Vizcarra (Moquegua), por mencionar solo a algunos.
Lo que queda claro es que el proceso de descentralización, tal como fue dado a inicios del presente siglo, ha fracasado de plano. La corrupción y las malas gestiones han sido una constante que han impedido que los millonarios recursos que manejan las administraciones locales, sirvan para mejorar las condiciones de vida de millones de ciudadanos que finalmente, azuzados por ciertos politicastros, creen que la culpa de que no tengan pistas o servicios básicos es del “centralismo”, “de Lima” o del “modelo económico”.
Lamentablemente, en este desmadre regional también tiene mucho que ver el ciudadano que vota por gente dudosa. En los casos de Arequipa y Puno, Cáceres Llica y Aduviri eran personajes más que cuestionados y bastante conocidos por todos. Pese a eso, arequipeños y puneños los eligieron, y hoy pagan las consecuencias de tener como máximas autoridades a quienes podrían ser nada menos que cabecillas de bandas criminales que se levantaban la plata destinada a hacer obras.
