Poco o nada podría conseguir el gobierno interino de Bolivia que preside Jeanine Añez, que acaba de pedir la destitución del relator especial de la ONU, el peruano Diego García Sayán (DGS), al imputarle haber pronunciado declaraciones falsas en contra del gobierno de Bolivia. Lo voy a explicar.

Es bueno recordar que el abogado peruano no es parte del personal de la ONU como erróneamente se cree y su actuación no es remunerada, es decir, no recibe un sueldo del máximo foro político del planeta. En su exacta dimensión, el cargo de DGS es el de Relator Especial y en esa calidad es un experto independiente, eso sí, nombrado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Las facultades de que está investido para su importante trabajo comprenden los denominados procedimientos especiales del referido Consejo de DD.HH. Sus prerrogativas de actuación están señaladas de manera expresa en las resoluciones del Consejo de DD.HH. de la ONU que permiten precisamente su desempeño. Es verdad que goza de las inmunidades que, por la naturaleza de su cargo desempeña y no puede ser detenido por los gobiernos respecto de los cuales suele emitir opinión o parecer. Lo más importante -DGS lo sabe de memoria- es que se trata de cargos que están protegidos de manera impresionante por lo que no son destituibles de la función que cumplen.

La queja del gobierno boliviano, entonces, caerá en saco roto porque nada impacta sobre la actuación de los relatores especiales, también llamados expertos. Precisamente, dentro de sus funciones y/o prerrogativas está la de pronunciarse sobre los derechos humanos en los países y hasta realizan viajes de visitas in loco y emiten un informe anual sobre sus actividades y métodos de trabajo para conocimiento del Consejo de Derechos Humanos. Todo lo anterior, entonces, explica hasta donde ha podido llegar DGS que no ha tenido reparos para señalar al gobierno interino de Bolivia imputaciones, a mi juicio, exageradas. Más allá de que estoy en total desacuerdo en que Añez postule a la presidencia de su país, Dieguito exagera al querer atribuirle violación de derechos humanos a un gobierno de 3 meses y no decir una sola palabra sobre los 13 años del régimen de Morales o los 20 del chavismo en Venezuela.

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