Las imágenes difundidas el domingo por casi la totalidad de programas periodísticos, en que se ve al entonces subsecretario general de Palacio de Gobierno, Beder Camacho, yendo a gestionar asilo –por encargo del presidente Pedro Castillo– para prófugos de la justicia, tal como lo ha recogido el Ministerio Público en su acusación constitucional, son demoledoras para el ya precario régimen.
Los que pedían pruebas de lo sostenido por el Ministerio Público para acusar al mandatario, allí las tienen. El video de seguimiento policial a Camacho, no miente. Hay que tener en cuenta que el asilo era para los prófugos Bruno Pacheco, luego capturado, y los sobrinos Fray Vásquez y Gian Marco Castillo, quienes conocen muy de cerca las andanzas de un presidente que de no ser por su cargo, hace rato tendría que estar tras las rejas.
Sin duda estamos ante el accionar de una mafia que opera desde las altas esferas del poder para poner a buen recaudo a los que puedan delatar a quien la Fiscalía de la Nación considera como el cabecilla: el presidente Castillo.
¿Qué van a decir escuderos palaciegos como Alejandro Salas y Félix Chero (el que tiene mucho que responder ante el Ministerio Público por la salida de Mariano González del Ministerio el Interior), o qué van a decir los defensores mediáticos del régimen?
La cosa es grave. El que tengamos a un presidente buscando asilo para prófugos de la justicia no es cualquier cosa. Este personaje está incapacitado moralmente para gobernar al país. ¿Qué espera el Congreso?
