El Perú tiene más de tres mil kilómetros de litoral, una red portuaria estratégica y una oportunidad desaprovechada: transportar mercancías entre sus regiones por vía marítima. Mientras nuestras carreteras soportan buena parte del movimiento de carga, el cabotaje sigue sin convertirse en una alternativa competitiva.
La legislación ha avanzado. En 2023 elaboramos el proyecto de ley que el Congreso aprobó en 2024 y que permitió la apertura del cabotaje a operadores extranjeros. Sin embargo, eliminar barreras legales no garantiza que aparezcan servicios regulares ni tarifas competitivas. Persisten dos problemas fundamentales.
El primero es tributario. La carga que se origina en el Perú y necesita trasladarse entre puertos nacionales enfrenta un tratamiento tributario que puede encarecer el servicio frente a las operaciones internacionales. A ello se suman costos portuarios, administrativos y documentarios.
El segundo problema es la ausencia de información sobre la demanda real. ¿Cuánta carga podría movilizarse por cabotaje? ¿Entre qué puertos? ¿Con qué frecuencia y volúmenes de retorno? Sin estas respuestas, ninguna naviera puede estructurar comercialmente un servicio sostenible.
La solución exige una política pública integral: corregir las distorsiones tributarias, identificar corredores con demanda suficiente, consolidar volúmenes y articular operadores logísticos, puertos y generadores de carga.
El MTC cumplió su tarea al impulsar la apertura del mercado. Corresponde ahora al MEF y a la SUNAT eliminar las barreras tributarias que impiden hacer realidad esta política pública. Ante un eventual fenómeno de El Niño, el cabotaje podría reducir costos logísticos para productores y agroexportadores, contener presiones inflacionarias y facilitar el transporte de ayuda humanitaria por mar.
