Según reporte al 5 de noviembre del 2020, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) otorgó el licenciamiento a 92 universidades y dos escuelas de posgrado, y denegó el licenciamiento a 47 universidades y dos escuelas de postgrado al amparo de la Ley 30220, Ley Universitaria del 8 de julio del 2014. Sin duda una de las normas más importantes dictadas por el Poder Legislativo en la última década.
Desde su creación, la institución es punto de ataques desde diferentes frentes que pretenden debilitar su capacidad fiscalizadora y al principal objetivo que tiene: garantizar una enseñanza de calidad e investigación en el nivel superior.
Conocemos de sectores políticos interesados en modificar la ley, que intentan regresarnos a los años del desastroso papel desempeñado por la Asamblea Nacional de Rectores y el Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades (Conafu), cuando dejaron de preocuparse por lo que realmente aspiramos todos: formar profesionales con calidad.
Ricardo Cuenca, hoy ministro de Educación, en el 2015 escribió: “Un proyecto educativo de la nación es aquel que no solo ofrece orientaciones claras hacia dónde se quiere ir, sino que también busca los mecanismos que permitan articular, según las necesidades, todo el sistema educativo”.
Por su parte, Waldo Mendoza Bellido, flamante ministro de Economía en el 2019 opinaba: “La reforma universitaria propiciada con la promulgación en julio del 2014 de la Ley 30220 y la creación de Sunedu, están produciendo una revolución que ayudará al país a dar un salto cualitativo en la calidad de la educación universitaria. La revolución se ha iniciado a pesar de la oposición, visible o solapada, de parte importante de la clase política del país”.
Con su presencia en el gabinete de estos dos profesionales esperemos que la Sunedu se fortalezca y cumpla su función en favor de la educación del país. Ojalá no nos equivoquemos.
