Tras un breve periodo de convulsión social, el Gobierno cree que ha encontrado la calma y que Pedro Castillo puede sentarse a gobernar con relativa tranquilidad y perspectivas de mediano plazo.

Es la lectura política miope de un Gobierno que, asentado en las estrategias lumpenescas de Vladimir Cerrón y Los Dinámicos del Centro, busca perpetuarse en el poder con la secreta compra de un grupo de legisladores que optaron por unirse a la banda y ser parte de la organización criminal que se gesta desde Palacio. ¿Qué se hace ahora si quienes pueden vomitar esta bilis gubernamental forman, como gérmenes inmundos, parte de la misma sanguaza? La calle, se desahoga por periodos cortos, insuficientes para obligar a alguien sin moral ni ética a ser sensible con la tragedia que representa.

El único camino sigue siendo el Congreso. De ese amplio tejido representativo tendrán que salir los votos para que, vía una acusación constitucional y no de una vacancia, se pueda destituir a Castillo e inhabilitarlo para ejercer cargos públicos.

Cualquiera de los procesos iniciados en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tendría que llegar al pleno con una estrategia detrás, con una captación paciente pero indubitable de la mayoría simple, 65 votos, que en este caso se requiere. Es cierto que complica el hecho de que no puedan volver a votar los miembros de la Comisión Permanente, pero el proyecto no es una quimera y bien puede empezar a gestarse desde ahora.

Algunos votos del bloque magisterial de Perú Libre o la conversión de algunos integrantes de Acción Popular podrían romper esta maldición que parece haber encerrado al país en un callejón sin salida. Es necesario convencerlos del sentido histórico de su cambio, de su horizonte moral. Pero se necesita un plan, una estrategia y una meta. No sirve, al final y cuando todo está perdido, voltear al tablero electrónico con la desesperada mirada de la improvisación y el acecho del fracaso. La opción está pero alguien debe tomar la batuta.