El Congreso acaba de aprobar una ley de modificaciones electorales. Más allá del acierto o desacierto de las normas, es preciso hablar sobre la oportunidad en que se aprueban. Yo creo que las alianzas electorales deberían requerir el mismo porcentaje que se exige a cada partido, de tal modo que si la alianza tiene 4 partidos y la valla se traspone con 5%, la alianza debería de obtener 20%.
Tomando como ejemplo al APRA, PPC y Vamos Perú, si la alianza obtuviera 12%, pasarían la valla los dos primeros y Vamos Perú perdería la inscripción; si sacan 7%, solo alcanza para la renovación del APRA; y, obviamente, si sacan menos de 5, todos dejan de estar en el padrón de partidos.
Así se conseguirá el objetivo de la norma, que es evitar que formaciones muy pequeñas distorsionen el panorama político.
Para impedir la concentración oligopólica de la participación política, se podría balancear esto con una rebaja a 3% del número de firmas para inscribir una organización y exigir ese mismo porcentaje para superar la valla electoral.
Lo mismo en el caso de los partidos que deben de participar en todas las elecciones. Creo que hay partidos de vocación municipal, por lo que no a todos debe exigírseles necesariamente ese requisito. Claramente me refiero a Somos Perú, pero hay otros.
Como alternativa, se puede exigir que la participación no deje pasar una elección nacional y una municipal, porque tampoco se puede aceptar que los partidos resulten franquicias negociables.
Todo esto se discute a destiempo. No se puede cambiar de caballo cuando se está cruzando el río, y eso pasa cuando ya se convocó al proceso y se modifican las normas. Ello deslegitima todo el sistema, porque es evidente el cálculo electorero que subyace a las mismas.
